Los inquilinos de los pisos que pasaron a ser propiedad del ‘banco malo' en las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó respiran un poco más tranquilos después de confirmar que sus contratos de alquiler están dados de alta, vigentes hasta la fecha de vencimiento que se estipuló en el momento de la firma, y que a partir de julio pagarán la renta a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), titular de los inmuebles desde el pasado 24 de abril.
Los que hayan pagado los meses de mayo y junio a la empresa explotadora de los inmuebles –que contrató la promotora Mussola y Bitácora Promociones SL mientras estaba en juicios por impagos–, tendrán que presentar sus recibos, junto con otra documentación necesaria para seguir con la relación normal entre arrendador y arrendatario.
Los vecinos, por grupos, mantienen estos días contacto directo con una técnica de Anticipa-Aliseda, una de las firmas que actúa como servicer de la Sareb, es decir, es una de las adjudicatarias de los servicios de gestión y comercialización de una cartera de inmuebles y préstamos provenientes del saneamiento de entidades financieras, los llamados activos tóxicos derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de 2007-2008.
Primer encuentro
Un primer encuentro tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Ayuntamiento de Maó entre la representante de Anticipa-Aliseda y un grupo de inquilinos, cada uno con circunstancias diferentes que expusieron durante la reunión, para después entregar sus datos, copias de contratos y recibos así como exponer incidencias habidas en sus pisos. También para dar cuenta de las posibles situaciones de vulnerabilidad ya que, tal y como insiste la Sociedad, desde que en 2022 tiene mayoría pública existe un mandato de utilidad social y «se tiene en cuenta la situación de las personas», por lo que los más vulnerables podrán optar a ese programa social y acceder a un alquiler asequible.
El Ayuntamiento de Maó ha mediado para que los gestores de la Sareb y los vecinos puedan entablar relación, dado el clima de incertidumbre y preocupación que atravesaban las personas afectadas; las reuniones se celebran en el salón de plenos de la Casa Consistorial, cedido con ese objetivo. Este miércoles una veintena de inquilinos asistió al encuentro con la técnica de Anticipa-Aliseda, al que también asistió el teniente de alcalde de Atención a las Personas, Enric Mas.
La representante de Anticipa-Aliseda también quiso tranquilizar a los vecinos, «en la calle no se va a quedar nadie», dijo, aunque también recordó que «la estrategia de la Sareb es vender», porque debe deshacerse de esos activos antes de su disolución en 2027.
A lo largo del encuentro celebrado los inquilinos plantearon numerosas dudas sobre incidencias en los edificios –goteras y otros desperfectos–, cambios en los alquileres por ejemplo de trasteros y plazas de parking, y el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que algunos asumen y pagan directamente al Ayuntamiento.
Ahora toca revisar cada contrato, tal y como expuso la técnica de Anticipa-Aliseda, quien insistió en que todos los pagos seguirán realizándose como estipulan los contratos actuales, «la Sareb no mandará un nuevo contrato, es el que tienen, sigue igual», indicó. También les informó de que se va a constituir una comunidad de propietarios con un administrador y que personal de la empresa especializada en servicios Serveo visitará el inmueble; de hecho ya ha habido una primera visita para revisar las partes comunes, afirmaron los vecinos.
Renovación
Algunos de los asistentes se interesaron por conocer si los contratos actuales podrán ser renovados cuando concluyan, algo improbable porque el ‘banco malo' tiene que desaparecer. No obstante la técnica señaló que 4 o 5 meses antes de la finalización de cada contrato de alquiler la sociedad informará al inquilino si se le ofrece una compraventa preferente o si se renueva, será en ese momento cuando se realice un estudio de vulnerabilidad para optar al alquiler social.
La casuística de los contratos de ambos inmuebles es diversa, pero en su mayoría finalizan a lo largo de 2026. A raíz de esta ejecución hipotecaria contra la promotora fallida también se conocen situaciones de subarrendamiento que empezaron con el típico realquiler de habitaciones por el inquilino original, por lo que los ocupantes actuales no tienen contrato.
El apunte
Vecinos en silla de ruedas y «a punto de quedar sin ascensor»
Desde que en septiembre del año pasado fueron por primera vez al juzgado, debido a la subasta de los inmuebles en los que viven, para mostrar sus contratos –lo que se denomina judicialmente una vista de ocupantes–, han vivido meses de nervios. Ayer por fin muchos inquilinos de los bloques de pisos que se quedó la Sareb en Maó se sintieron más relajados.
«Con las explicaciones que nos han dado hoy tenemos un poco más de tranquilidad, porque al menos nos dicen que nos mantendrán los dos años y medio que nos quedan de contrato», explicó ayer una de las afectadas que asistió a la reunión en el Ayuntamiento. Después de ese plazo saben que, o bien se les ofrecerá una compra preferente o entrar en el programa social de la Sareb para buscar otro alquiler, si reúnen las condiciones, pero de momento, ya no están al borde del precipicio que supone buscar una casa de alquiler con prisas en Menorca, sobre todo ahora que ya ha empezado la temporada turística.
«Tuvimos una sentencia que dice que nos tenían que respetar los contratos, pero claro, no sabíamos quién se quedaría con los pisos», añade, «ahora sabemos que la Sareb se hará cargo de los desperfectos, porque la gestoría de Mallorca que nos lo llevaba todo no ha pagado los seguros», lamentó. Ni había pagado el seguro del parking ni la revisión del ascensor «y nosotros pagábamos cada mes, también la comunidad», subraya esta vecina. «Estábamos a punto de quedarnos sin ascensor porque no se había hecho la revisión, y tenemos dos personas en silla de ruedas en nuestro edificios», asevera.