La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que en octubre del año pasado ganó una puja para adquirir dos bloques de 53 pisos subastados en Maó, amenaza con desalojar a algunos de los inquilinos que habitan, en varios casos, desde hace una década, estas viviendas.
El denominado banco malo no los reconoce como inquilinos legítimos a pesar de que aseguran tener contratos en vigor, la mayoría de los cuales se alargan hasta 2026, y haber pagado durante años el alquiler a la empresa que quebró y contra la que la Sareb inició una ejecución hipotecaria.
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Así consta en la carta que la Sareb ha empezado a enviar a los arrendatarios, a algunos de los cuales avisa de estar «ocupando sin título alguno que legitime su posesión» el inmueble, por lo que les insta a «buscar una solución definitiva que regularice esta actual carencia de título». En el mismo documento certificado, el banco malo amenaza con «continuar las acciones judiciales que correspondan» por la «falta de entrega voluntaria de la referida finca».
«Nos están haciendo okupas»
No todos los vecinos han recibido la notificación y por eso desconocen si están los más de medio centenar de inquilinos de los dos bloques en la misma situación. Además, critican el trato que están recibiendo desde que se completó el cambio de titularidad a favor de la Sareb. «Desde que culminó el proceso de adjudicación no sabemos nada, nos dijeron que teníamos que dejar de pagar las mensualidades al antiguo propietario y ahora no pagamos nada porque no nos han dicho a quién tenemos que hacer las transferencias», denuncia una vecina.
La misma inquilina explica que «nos están haciendo okupas ellos mismos, nosotros entramos con un contrato, somos gente seria, trabajadora y honrada». Otra afirma que «es incómodo estar aquí sin pagar» y lamenta que «nadie sepa nada, ni siquiera en el Juzgado».
En el bloque, aseguran, hay varias familias y mucha gente mayor, personas que viven solas y con movilidad reducida que temen acabar siendo desalojadas sin previo aviso. «¿A dónde voy sola, con 70 años y 800 euros de pensión?», se pregunta una de las afectadas.
El caso ya ha sido puesto en conocimiento del Consell insular, el Ayuntamiento de Maó y los Servicios Sociales, según explican los vecinos. Por parte de la Sareb, defienden que en estas situaciones es habitual encontrarse con contratos ilegales que no pueden regularizarse de ninguna manera y que la única alternativa es ofrecerle a los inquilinos la venta prioritaria del piso porque, recuerdan, el objetivo de la sociedad es vender todos los activos antes de 2027, cuando está previsto que se disuelva.
Desde el banco malo no confirman cuántos inquilinos hay en situación irregular, pero aseguran que quienes demuestren que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, podrán integrarse en un programa social; mientras que los que presenten contratos legales, podrán mantenerse en las mismas condiciones.
El apunte
Contratos ilegales y dinero que no ha llegado a cubrir las deudas
Después de que el Juzgado haya revisado los contratos de alquiler, la Sareb ha iniciado el mismo procedimiento para comprobar la legalidad de los mismos y determinar cómo actuar en cada caso. Los que sean legales los subrogará y activará diferentes vías en el caso de detectar una irregularidad. Aunque la Sareb no confirma en qué situación están los inquilinos, afirma que en este tipo de ejecuciones hipotecarias es muy frecuente identificar entramados mediante los cuales se han facilitado contratos de forma irregular. Los vecinos desconocen a dónde ha ido a parar el dinero de las mensualidades y temen que deje de funcionar el ascensor porque acumula una deuda importante.