La presentación de la primera moción de censura en Ciutadella ha desatado las hostilidades políticas. Su coincidencia con la investigación de la Guardia Civil sobre la gestión del agua del anterior gobierno tripartito y la sorpresa, incluso en sectores de la izquierda, por la elección de Llorenç Ferrer como alcaldable han puesto en marcha el ventilador.
A la espera de la previsible inclusión de la exalcaldesa y hoy diputada Joana Gomila (PSM) como investigada en el informe final que la Guardia Civil entregará en pocos días al fiscal y al juez, el foco está puesto en Ferrer.
Anónimos enviados a periodistas y medios y difundidos a través de diversos grupos de whatsapp han pretendido advertir en los últimos días sobre la presunta catadura moral del futuro alcalde. Se hacen acompañar de recortes de periódico de Es Diari y del desaparecido Última Hora-Menorca, que en mayo de 2011 informaban de la denuncia penal por falsedad, fraude y estafa que cuatro empresarios de Ciutadella habían interpuesto contra el que hasta entonces había sido director de una oficina de Sa Nostra en la ciudad, Llorenç Ferrer.
La sombra de Avel·lí Casasnovas
La querella criminal, admitida a trámite y que también se dirigía contra la propia caja de ahorros, le acusaba de haber provocado la «asfixia financiera» de sus negocios. Los querellantes sostenían que Ferrer les ofrecía créditos blandos y en condiciones ventajosas con las que poner en marcha negocios que, una vez constituidas las sociedades y otorgados los préstamos, no llegaban a ver la luz. Como director, él mismo movía las cuentas sin su autorización. Un asesor externo consultado por los empresarios creyó descubrir en su proceder una estructura piramidal de financiación, presuntamente ilegal, que les dejaba casi sin salida.
La participación en estas sociedades de personas próximas al entorno del entonces concejal y presidente del PP-Ciutadella,Avel·lí Casasnovas, hizo sospechar a los querellantes que este entramado tuviera relación con las causas de corrupción que investigaba el juzgado.
De hecho, a raíz de la querella, la Caixa de Balears Sa Nostra apartó a Ferrer y lo destinó a su oficina en Ferreries. No obstante, un contundente auto dictado el 31 de julio de 2012 por el Juzgado número 1 de Ciutadella decretó el «sobreseimiento de las actuaciones al no estar debidamente justificada la perpetración del delito».
El juez fue concluyente al no apreciar indicio alguno, «pues la versión dada por los querellantes no aparece corroborada ni de forma mínima con las actuaciones practicadas». En su parecer, «las afirmaciones carecen de fundamento» y respaldo documental, y no se acredita que el director del banco actuara como administrador de hecho de las sociedades, ya que los préstamos y las líneas ICO «eran firmados por los propios querellantes con pleno conocimiento y control de los movimientos en sus cuentas».
Debían 2 millones al banco
Es más, el juez vio «significativo» que los denunciantes debían 2 millones a Sa Nostra e interpretó la querella como «una huida hacia adelante para ganar tiempo y paralizar las numerosas ejecuciones hipotecarias» en su contra.
El entorno del PP también difundió este martes que se llegó a un acuerdo entre las partes para evitar la condena, pero no se han aportado pruebas de que eso sucediera, ni siquiera consta que se llegara a recurrir el auto.
En las últimas horas también se ha hecho correr que Llorenç Ferrer estaría alquilando ilegalmente dos apartamentos, pero este diario pudo constatar este martes que al menos el de Cala en Blanes tiene licencia turística desde 2016.
Es gall FaverLa entidad bancaria efectúa un movimiento porque hay detrás una cartera de inversores y clientes y no interesa que se sepa lo ocurrido, porque podrían sufrir unas pérididas muy significativas. Si se llegó a un sobreseimiento, sin declaración de testigos y denunciantes, es porque probablemente hubo una compensación económica de la entidad para con los clientes perjudicados (o se conformaron con alguna medida disciplinaria sobre él), y al no haber caso por falta de prueba, se sobresee. Después la empresa presuntamente tomaría represalias contra este señor despidiéndolo, jubilándolo o lo que procediera que hicieran, que lo desconozco con toda seguridad, por lo que prefiero no poner el rumor.