La legalización extraordinaria de las casas construidas de forma ilegal en el campo menorquín, a partir de que el Consell apruebe su aplicación en Menorca, representará para los ayuntamientos una sobrecarga de trabajo, en unos departamentos de urbanismo ya de por sí saturados, que puede motivar la desestimación de solicitudes a causa del embudo burocrático.
Seis meses es el plazo que tienen para resolver y notificar la resolución final a las personas interesadas en legalizar sus viviendas, según el procedimiento establecido en el decreto de simplificación y racionalización administrativa del Govern, que también estipula lo que sucederá si transcurre ese medio año y no hay respuesta municipal: el silencio será negativo, por lo que se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
Se calcula que más de 3.000 propietarios podrán presentar proyectos técnicos y una petición de licencia de legalización extraordinaria de las obras realizadas sin permiso; el número de casas ilegales es superior, pero hay unas 1.200 edificaciones que tienen expedientes de disciplina urbanística en trámite y no pueden acogerse al decreto.
Seis meses para responder
El transcurso de ese plazo máximo de seis meses para responder a los interesados no exime a los ayuntamientos de resolver y notificar la resolución de cada caso, por lo que ante los miles de afectados, los ayuntamientos corren el riesgo de verse desbordados. Los municipios ya incumplen el plazo de tres meses para trámites ordinarios como la concesión de licencias, con un plazo medio en la Isla para resolverlas de siete meses –en algunos casos se supera el año–, tal y como ha lamentado el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears en reiteradas ocasiones.
Además, el decreto del Govern fija un plazo máximo de tres años para la legalización extraordinaria de los huertos, por lo que si los ayuntamientos no tienen posibilidades de tramitar todas las peticiones, muchos propietarios podrían quedarse fuera del proceso excepcional. Estos tendrán que pagar las tasas de la licencia y además una prestación económica al Ayuntamiento que aumentará a medida que pase el tiempo, por lo que un atasco de peticiones encarecerá la legalización.
Dicha cantidad para resarcir la ilegalidad cometida será del 10 por ciento del coste de ejecución o construcción de la edificación, si la licencia de legalización se solicita en el primer año de vigencia de este procedimiento; del 12,5 por ciento si se pide el segundo año; y del 15 por ciento si se tramita en el tercero. Habrá bonificaciones para los solicitantes que pagan IRPF, un 50 % para rentas individuales inferiores a 33.000 euros o 52.800 euros en tributación conjunta; y un 25 % cuando no se superen los 52.800 euros en el caso de declaraciones individuales o los 84.480 euros en casos de tributación conjunta.
Las claves
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Plazo máximo de tres años para la legalización
El decreto balear establece un plazo máximo de tres años para poder legalizar las edificaciones construidas de manera ilegal en suelo rústico, cuando haya prescrito la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística.
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El silencio ante una solicitud será negativo
El tiempo máximo para resolver y notificar la resolución final al interesado en obtener la licencia de legalización extraordinaria será de seis meses. Pasado ese medio año sin respuesta municipal, se dará por desestimada la petición.
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El pago sube cuanto más se tarda en legalizar
La prestación económica al Ayuntamiento será del 10 % del valor de la obra si se solicita legalizar el primer año. En el segundo año subirá al 12,5 % del coste de construcción de la vivienda y en el tercero será del 15 %.