El Consell de Menorca avanza para poder aplicar en la Isla el Decreto ley balear que permite legalizar las construcciones en suelo rústico cuya infracción haya prescrito. Este lunes, la propuesta que se debatirá en el pleno del 15 de julio, obtuvo el aval de la Comisión Técnica y Asesora de Urbanismo, con la oposición del GOB y del PSOE. No asistió ningún representante de Més.
Los representantes de colegios profesionales votaron a favor, aunque el de arquitectos no estuvo representado. Este último considera que el sistema previsto en el PTI en vigor de delimitar las zonas de huertos no ha dado resultado y que la nueva propuesta «es más flexible, afecta a edificios de forma individual sin requerir un plan especial».
La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, ha explicado que se va a formar un grupo de trabajo con técnicos de los ayuntamientos para unificar los criterios para aplicar esta medida de legalización.
La cuestión central será determinar si una infracción ha prescrito o no, ya que no es lo mismo si la obra se realizó en un espacio natural o en un rústico común. Torrent considera que el pronunciamiento de ayer de la Comisión Técnica y Asesora es un trámite en un tema de decisión política. Por eso, «no hacían falta otros informes técnicos».
El GOB contra «la amnistía»
El GOB considera muy grave la ausencia de informes técnicos y jurídicos ante la decisión que el pleno del Consell adoptará en la sesión del 15 de julio. Los ecologistas mantienen que las infracciones en rústico no prescriben y que la pretendida legalización «contradice normas europeas».
Destaca que la carencia de informes no permite valorar los efectos que esta medida tendrá en la Isla. El GOB ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión de la Comisión, ya que no es su función votar un dictamen político.
Según una nota de prensa emitida por este colectivo, «el intento del Govern de premiar las ilegalidades urbanísticas cometidas en suelo rústico con un Decreto ley representa la mayor operación especulativa de la historia de la democracia en Balears». Recuerdan que no se pide ni parcela mínima, ni altura máxima, ni porcentaje de ocupación.