Las cosas se complican, desde el punto de vista jurídico, para el modelo de recogida selectiva puerta a puerta tras darse a conocer un informe, elaborado por un bufete de abogados especializados en derecho digital, que concluye «la clara vulneración» de la normativa de protección de datos con los microchips instalados en los cubos de basura que proporcionó el Consorcio.
Este informe fue encargado por la plataforma Solo Menorca-Contra el engaño de las basuras, que mantiene su movilización ciudadana contra el modelo de recogida de residuos que se ha implantado en Es Castell y parcialmente todavía en Maó.
Con el análisis realizado por el despacho de abogados Felipe Herrera Asociados y Partners, que entre otros ámbitos se dedica al derecho digital y de las tecnologías de la información, el colectivo Solo Menorca piensa llevar su reclamación colectiva ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y no descarta otras acciones legales, si el Consorcio de Residuos no se replantea el modelo de recogida mediante cubos codificados.
Su propuesta es la instalación de contenedores inteligentes, de apertura electrónica pero sin almacenar los datos personales del ciudadano y con libertad de horario para depositar las basuras.
Un grupo de representantes de esta plataforma se reunió con el alcalde de Maó, Héctor Pons, para expresarle su malestar, quien -aseguran-, les dio una respuesta «inespecífica» a sus demandas. El colectivo está ofreciendo charlas por los municipios, el primero fue Ferreries y el próximo será Sant Lluís. También recoge firmas y ha estampado camisetas con el eslogan #fins aquí!!!.
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El apunte
Es necesario el consentimiento expreso de cada ciudadano
El informe de los abogados señala que el tratamiento de los datos recogidos con los microchips requiere del consentimiento expreso de cada ciudadano, no basta con el tácito, por la falta de oposición. Es decir, en la recogida de cubos debería haberse firmado que se consiente el uso de los datos.
No está estipulada dicha práctica en el contrato entre ayuntamientos y ciudadanos, de modo que estos sean conscientes y acepten la cesión de sus datos. Tampoco hay ninguna normativa que obligue al uso de estos chips, ni está relacionado con la protección de intereses vitales, y el interés legítimo en mejorar la gestión de residuos «no prevalece sobre los derechos y libertades de los ciudadanos», concluye.