El sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta choca ahora con nuevo escollo, un movimiento ciudadano en contra del microchip informático que incorporan los cubos y que almacena sus datos y los de la basura generada.
La plataforma Solo Menorca (Contra el engaño de las basuras) ya roza el millar de miembros en redes sociales y ha pasado a la acción, con la presentación de instancias en los ayuntamientos de Maó y Es Castell, los primeros que han implementado el sistema.
En dichas instancias los ciudadanos se oponen a que sus datos personales estén «expuestos» en los microchips que incorporan los cubos facilitados por el Consorcio de Residuos para la recogida selectiva puerta a puerta, ya que afirman «no hemos sido informados en ningún momento».
La plataforma, que tramita su constitución como asociación, denuncia que esta práctica atenta contra la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, afectando a su privacidad y «libertad como individuos».
Datos registrados
Los datos del microchip se vuelcan en el sistema de la consultora Sistemas Medioambientales S.L., encargada por el consorcio insular del control de la calidad del servicio de recogida, lo que incluye inspecciones, controles y seguimientos, así como gestionar los registros y sistemas de comunicación.
Los integrantes de esta plataforma recalcan que «no estamos en contra del reciclaje», según señala su portavoz, Mar Mir, sino contra el sistema empleado, «la indefensión que se ha generado en el ciudadano, el control y la vulneración de su intimidad».
Este grupo de vecinos de Maó y Es Castell apela a las advertencias realizadas por los organismos que velan por la protección de datos en otros territorios. Estos consideran que la basura puede ofrecer un volumen considerable de información sobre las personas que habitan una vivienda (desde hábitos de consumo a datos sobre su salud) y que el riesgo de que todo ello quede expuesto se incrementa con los envases codificados que se sacan a la vía pública.
La plataforma también presenta quejas sobre las barreras a la movilidad que suponen los cubos en las aceras, el «estrés» en las viviendas por la falta de espacio y en las familias por las dudas sobre cómo reciclar, especialmente en las personas mayores, los horarios «incompatibles» y la «falta de las herramientas necesarias en las brigadas para realizar esta recogida impuesta».
El apunte
Mateu Ainsa anuncia desde el Consell que se revisarán aspectos jurídicos del contrato
El director insular de Medio Ambiente, Mateu Ainsa, explicó que la lectura del microchip permite conocer incidencias en la recogida para «de cara a las ordenanzas municipales poder ofrecer bonificaciones». O penalizar a los que incumplan.
Pero también afirmó que el sistema «debe ir en consonancia con la Ley de Protección de Datos» y por ello transmitió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos «si se hace algo que no se puede hacer, será corregido», para ello se están revisando los aspectos jurídicos del contrato de recogida selectiva. «Confiamos en los servicios técnicos y en que el contrato, que nosotros hemos puesto en marcha pero que ya encontramos licitado, ha pasado todos los cortafuegos jurídicos en relación al tratamiento de los datos personales», subrayó.
En cuanto a la posibilidad de dejar de usar los cubos con el microchip, el director insular recordó que «retirar ahora los cubos sería una modificación sustancial de un contrato que es para ocho años». En defensa del sistema Ainsa destacó que, después de años «anclados en un 20 o 25 % de reciclaje ahora llegamos a más del 70 %, es una mejora exponencial».