El alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, salió ayer en defensa de la actual diputada Joana Gomila, después de que este diario haya informado del procedimiento de reintegro contable que el Tribunal de Cuentas tiene abierto en su contra. La exalcaldesa ha tenido que avalar con su patrimonio personal los 66.000 euros que se le exigen por no haber reclamado a tiempo al Penya Ciutadella la devolución del dinero que se le abonó para construir las gradas del estadio de Son Marçal, a partir de un convenio aprobado en 2006 por el gobierno de Llorenç Brondo (PP).
«Me remito a lo que me digan los abogados pero, a priori, Joana Gomila no debería pagar nada de su propio bolsillo. Ni ella, ni Juana Mari Pons, ni ningún otro alcalde, debe pagar por lo que no hizo», aventuró Ferrer. «Si el convenio se hizo mal -incidió- en todo caso habría que pedirle cuentas a quien lo aprobó, no a ella».
La actuación del Tribunal de Cuentas contra Joana Gomila causa «tristeza e incredulidad» al actual alcalde, quien considera «increíble que se puedan pedir cuentas a Joana Gomila por un convenio de hace 18 años. Hasta Tráfico te pide si eres tu el que conducías el coche antes de multarte, por si fuera otro el conductor, pero esto parece no valer para el tribunal». Y más en el caso de Joana Gomila, a quien Ferrer tiene por «una persona honesta y legal, que estoy convencido de que habrá intentado actuar con diligencia en sus ocho años al frente del Consistorio».
El Tribunal de Cuentas la hace «responsable» porque Gomila era alcaldesa cuando en 2019 la Sindicatura de Cuentas emitió un informe en el que detectaba irregularidades en diversos expedientes de 2014, entre ellos el del Penya Ciutadella, y no pidió al club que le devolviera el dinero pactado en el convenio.
Gomila asegura que, durante el procedimiento, el Consistorio se ha dirigido al Tribunal de Cuentas para pedirle que archive la causa al no sentirse perjudicado, pero los consejeros han seguido adelante con el proceso y le han exigido un aval sobre su patrimonio personal para resarcir el presunto daño ocasionado a los fondos públicos.
Juana Mari Pons
La predecesora de Ferrer en el cargo, Juana Mari Pons (PP), también entiende que la falta que se imputa a Gomila es de índole administrativa, «pero está claro que no atendió las advertencias del Tribunal de Cuentas y no tomó las medidas que se precisaban. Tenía una fecha límite para requerir la devolución del dinero y no lo hizo».
Para la exalcaldesa popular, «cada cual debe asumir sus propias responsabilidades. No solo somos responsables por lo que hacemos sino, también, por el cargo que ostentamos». En este sentido, Juana Mari Pons recordó que «yo tampoco tengo nada que ver con la investigación de la Guardia Civil sobre la gestión del agua, pero asumí mi responsabilidad como alcaldesa y declaré, aunque llevaba apenas cinco meses en el cargo». Además, apunta, «pedí enseguida que se conectara urgentemente la desaladora para actuar en consecuencia».