En Ciutadella, quedó este jueves aplazado hasta finales de septiembre, el desahucio de una mujer y su sobrino, ambos con discapacidad, para dar margen para renegociar el contrato de alquiler con la propiedad. Este acuerdo se alcanzó después de que la comisión judicial se personara en el domicilio y se encontrara con la oposición de un grupo de personas convocadas por la Plataforma Menorca per un Habitatge Digne y CGT Menorca. También fueron las concejales Carla Gener (Ciutadella Endavant) y Núria Pons (PSM).
Unas treinta personas acudieron a la llamada de la Plataforma y el sindicato, para impedir que se llevara a cabo la ejecución del desahucio. La negativa de los presentes a permitir la entrada en el domicilio, sito en el número 200 del Camí de Maó, frente a la Rotonda des Cavall, llevó a la representación legal de la propiedad a requerir presencia policial para poder llevar a cabo el desalojo.
Dos patrullas de la Policía Nacional acudieron a la llamada de la procuradora, ante la negativa de los presentes a permitir el paso de la comisión judicial. También, aunque alejados del edificio, estuvieron tres unidades de la Policía Local. El nerviosismo se palpaba, incluso en el propio secretario judicial. Antes de «negociar» su entrada al domicilio, hubo un instante de tensión con los agentes de la ‘Nacional’, aunque inmediatamente se aplacó el intento de entrada a la fuerza.
Los motivos del desahucio
La orden de desahucio viene motivada por haber expirado el contrato de alquiler y no haber llegado, propiedad e inquilina, a un acuerdo, aun residiendo en la vivienda desde hace 30 años. «La propiedad me hizo una primera propuesta, pero era abusiva e imposible de asumir», aseguraba la afectada, Sisca Riutort, quien por otro lado reclamaba a los arrendadores que acometieran algunas reformas, por ejemplo en el cuarto de baño, muy deteriorado.
Con este pretexto, la propiedad pasó un cobro de 10.000 euros que, con muchas dificultades y recurriendo a varias personas, lograron reunir, para no quedarse sin piso. Sin embargo, según denunciaba la Plataforma, «la propiedad no cumplió con su compromiso» e inició trámites.
Con cierta desconfianza por parte de la Plataforma y la CGT, y ya con varias patrullas de la Policía Nacional, Riutort, una mujer viuda y con una discapacidad del 33 por ciento, accedió a que el secretario judicial entrara en el domicilio. Así pudo conocer al sobrino de la inquilina, con una discapacidad reconocida del 71 por ciento, y observar el estado y las deficiencias de la casa, que la propiedad se niega a arreglar. Finalmente, procuradora e inquilina pactaron el aplazamiento, con la esperanza de que «se haga una propuesta más ajustada» en cuanto al precio del alquiler.