«Con lo que hay en el mercado ahora mismo sería imposible encontrar un piso como este al precio que pagamos». Esta es la frase que se repite entre los pocos vecinos de los pisos de Alaior pendientes de sacar a subasta que han accedido a hablar, la mayoría de manera anónima, con «Es Diari». Situados en la zona residencial del polígono industrial y comercial del municipio, entre la Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova, los bloques fueron diseñados como viviendas de alto standing, con piscina y pista de pádel comunitarias, ajardinamientos compartidos, terrazas, patios en las plantas bajas y con ascensor, un elemento muy preciado para los vecinos de mayor edad o con problemas de movilidad, ya que no se puede encontrar en las casas antiguas del pueblo.
Los alquileres que pagan algunos de los inquilinos consultados, 350 euros por un piso de una habitación o entre 565 y 600 euros por pisos de dos habitaciones (los de tres dormitorios superan esa horquilla pero lejos de los mil euros mensuales) sencillamente ya no existen en el mercado libre en Menorca. Por el precio de uno de los pisos pequeños hoy día solo se consigue una habitación en una vivienda compartida.
Los vecinos de los bloques de Alaior son conscientes del abismo inmobiliario al que se asoman, pero pocos quieren hablar. Uno de los que sí quieren hacerse oir es un jubilado navarro, cuyo hijo formó familia en Alaior y ahora tiene cuatro nietos menorquines. José Antonio Andueza pasa gran parte del año en Menorca, «mi mujer y yo venimos a ayudar», y después de años alquilando puntualmente algún apartamento, decidieron entrar en el complejo construido por Mussola y Bitácora Promociones, S.L., firmando su contrato con la sociedad subarrendadora, Balearic International Consulting 2015.
José Antonio Andueza (izquierda) es activista por la vivienda. Foto:J.A.A.
Era septiembre de 2017 y su vigencia, tras sucesivas prórrogas, se agota en 2027. Este ingeniero industrial retirado cree que el nuevo arrendador, probablemente la Sareb, tendría que respetar los contratos al menos hasta 2031, el plazo que acordó la promotora fallida con la sociedad intermediaria, a la que siguen pagando los recibos.
También pide a las administraciones que se impliquen, que ejerzan el derecho de tanteo y retracto para hacerse con la propiedad del inmueble y mantengan la vigencia de los contratos. «La forma de turismo actual nos está afectando, como a otros residentes en Menorca, cuanto más sube, más dificultades tenemos para llegar a fin de mes. La vivienda en Menorca solo es posible para salarios muy superiores a los que se pagan en la Isla», asegura. Andueza, a sus 74 años, confiesa que «nunca me ha gustado que toquen mis derechos» aunque no se imaginaba como jubilado y activista; sin embargo, la crisis de la covid y del alquiler le afectaron de cerca, en su familia, y ahora es miembro de la plataforma cívica Alaior per un Habitatge Digne.
«Estamos preocupados»
Algunos residentes piensan que es prematuro movilizarse, otros afirman desconocer los detalles de la situación del inmueble y los más, sencillamente se excusan o esquivan a la prensa. «Estamos preocupados», admite uno de los vecinos, un ciudadano británico de 80 años que vive solo en un piso de dos habitaciones por el que paga 565 euros al mes. Lo arrendó vacío en 2022, pagó tres meses de fianza y lo amuebló para convertirlo en un hogar que ahora no quiere dejar. «Encontrar otro apartamento ahora sería muy difícil, cada vez hay menos oferta en la isla, y tampoco quiero irme, estoy feliz aquí, me encanta Alaior», explica.
En las viviendas hay casi 60 vecinos con contratos firmados entre 2017 y 2024. Entre los inquilinos hay personas solas o parejas, con niños pequeños y mascotas, familias monoparentales y jubilados. «La mayoría no podríamos acceder a una vivienda a los precios actuales», afirma Andueza.
El apunte
Con trabajo todo el año y dos sueldos pero «superados por los gastos»
La situación se repite, los que tienen dificultades habitacionales o prevén que las tendrán si no se alargan sus contratos, no son personas en riesgo de exclusión, sino familias con empleo, clase media o trabajadora, cuyos sueldos no dan más de sí. «Somos una pareja joven con una niña pequeña y una mascota, los dos trabajamos todo el año pero igualmente estamos superados por los gastos», explica una madre a la entrada del edificio. La pareja paga 600 euros al mes por un piso de dos habitaciones y está convencida de que «ahora mismo si tenemos que dejarlo nos sería imposible encontrar nada».