La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha solicitado realizar una vista de ocupantes previa a la subasta del bloque de 56 pisos situado entre la Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova de Alaior. La finalidad es recopilar información sobre la situación de cada una de las viviendas, confirmaron ayer fuentes oficiales de la Sareb, para que luego el juez sea quien determine si los contratos son legales.
Es por este motivo que la firma M&P Ledesma Abogados, con la cual el conocido como banco malo tiene externalizados servicios, ha contactado con los vecinos del inmueble y les ha solicitado datos sobre sus circunstancias personales, algo que ha inquietado a los inquilinos. Muchos de ellos no han querido contestar al requerimiento de información del bufete.
«Desde Sareb hacemos un llamamiento a la colaboración de las familias para tratar de buscar una solución, a través de un procedimiento garantista que se inicia con la recopilación de la información de los residentes, para poder tener en consideración la situación individual de cada uno de los vecinos», señalaron ayer desde la sociedad, que ha tomado así la delantera para clarificar aspectos de los contratos del inmueble, antes de obtener la posesión del activo, ya que la subasta todavía no se ha celebrado y en la puja, aunque es improbable, podría haber otros interesados. De momento la titularidad de la finca corresponde a la empresa fallida que promovió la construcción de los pisos.
Si la Sareb se hace con la propiedad, se seguirá el mismo protocolo que en Maó, «tratando de buscar la mejor solución posible para los vecinos», dentro del mandato de utilidad social aprobado en 2022, recuerda la sociedad, que implica gestionar las viviendas «teniendo en cuenta a las personas que viven dentro».
En el caso de Maó el juez estimó que los contratos eran ilegales pero reconoció la buena fe y el derecho a continuar en sus viviendas a los vecinos afectados, pese a la mala praxis de la promotora, que estuvo involucrada en una trama de corrupción empresarial por la que desvió dinero y eludió el pago de deudas. De seguir los mismos pasos en Alaior, la Sareb se convertiría en el nuevo arrendador y estudiaría caso por caso la situación de los inquilinos; a aquellos que no cuentan con contrato reconocido se les ofrecería un alquiler social, si se les considera vulnerables, o de no tener esta condición, la opción de compra preferente.
Por otro lado, el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, solicitó ayer a la Sareb que «garantice» la renovación de los contratos de alquiler suscritos por las familias que residen en el edificio de la Avinguda Verge del Toro. El alcalde ha contactado con la Sareb, explicó en nota de prensa, para que esta tenga en cuenta la falta de vivienda que hay en Menorca y el perjuicio que supondría no renovar los alquileres. «Se trata de una medida de carácter social», declaró Benejam.
El apunte
El banco malo convertido en casero con la fecha límite de 2027
La gestora de activos deteriorados, préstamos e inmuebles, procedentes de las entidades financieras que necesitaron ayudas públicas tras la gran crisis del ladrillo en 2008, nació en 2012 y tiene que extinguirse en 2027, quedan poco más de dos años. La decisión la debe tomar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero el conocido como banco malo es ahora el casero de miles de inquilinos en toda España, en Menorca centenares, lo que dificulta que ese plazo se pueda cumplir. Una opción sobre la mesa sería ampliar el límite para su disolución, de modo que pudiera seguir ejecutando las garantías de los préstamos impagados y proceder a la venta de las fincas, pero todavía no se conoce cuál será la decisión. El Banco de España ha ordenado a la Sareb realizar un estudio teórico sobre cómo sería esa venta de activos de cara a 2027.