Los vecinos del bloque de viviendas de Alaior pendiente de subastar, como consecuencia de la quiebra de la constructora Mussola y Bitácora Promociones SL, viven con preocupación el proceso judicial, sobre todo después de haber recibido ayer la visita de personal de la firma M&P Ledesma Abogados, otro de los servicers a los que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha adjudicado la gestión de lotes de activos inmobiliarios a los que tiene que dar salida.
Los inquilinos ya presentaron sus contratos de alquiler, en respuesta al requerimiento del juzgado, a finales de marzo.Desde entonces no han tenido información oficial sobre la subasta o un posible cambio de titularidad de la finca; ellos siguen pagando sus mensualidades a la empresa Balearic International Consulting 2015, S.L., la intermediaria que arrendó el edificio situado entre la Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova de Alaior, en el hay 56 pisos.
Los representantes de M&P Ledesma Abogados, según relató ayer uno de los inquilinos, han visitado el inmueble y «querían entrar en los pisos pero no les han dejado», aseguró.
El motivo de esta negativa es que desconocen cuál es la situación actual de las casas que habitan, «no tenemos información sobre si se ha hecho o no la subasta», y ante la falta de información sobre su titularidad, han optado por no colaborar con esta visita sorpresiva de la firma de abogados. Esta se presenta, en una misiva entregada a los vecinos, como «gestores de la cartera» de su cliente, la Sareb, quien es acreedora del préstamo que grava los inmuebles. El objetivo, asegura, es elaborar un estudio de «situación residencial» e identificar la existencia de posibles situaciones de vulnerabilidad entre las familias que tienen alquilados los pisos. De este modo, añade, se pondría en marcha el programa de acompañamiento social de la Sareb para buscar posibles soluciones habitacionales.
Para determinar si realmente existe dicha vulnerabilidad es necesario que los vecinos trasladen a esta firma de abogados su situación personal, económica y familiar, datos que serán utilizados, aseguran, por la Sareb. Los vecinos desconfían. Creen que no hay motivo para que los técnicos «vayan de casa en casa para obtener una información que ya tienen en el juzgado», aunque lo que ahora se les pide no solo son los contratos de alquiler, sino también información relativa a sus ingresos, unidad familiar y situación personal porque es lo que ayuda a determinar si son o no vulnerables.
De momento el ‘banco malo’ no ha informado sobre la titularidad de esta finca pero como primer mensaje oficial avanza que sus procesos son «garantistas» y pide tranquilidad a los vecinos.
El apunte
El precedente de las viviendas que se quedó el ‘banco malo’ en Maó
En septiembre del año pasado se inició el proceso de subasta de los bloques de pisos de las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó, que se cerró en octubre. Todo ello con los 53 pisos alquilados y sus inquilinos viviendo dentro. Tras un periodo de incertidumbre, los arrendatarios pudieron normalizar su situación y sus contratos se subrogaron a la Sareb, titular de los inmuebles desde abril de este año. En su caso, habían vivido problemas añadidos porque la gestoría que cobraba sus cuotas de la comunidad no estaba al corriente de pago de seguros y tenían desperfectos y ascensores a punto de dejar de funcionar. En Alaior, según los vecinos consultados, los servicios del inmueble funcionan e incluso hace poco se han realizado arreglos. Ahora confían en una solución individualizada como en Maó, donde se aplicaron el enfoque social y los protocolos que la Sareb aprobó en 2022.