El caso sobre el presunto delito medioambiental investigado por la Guardia Civil entró hace un mes en el Juzgado número 2 de Ciutadella, pero aún no ha avanzado porque la juez se encuentra de baja y se está a la espera de un sustituto.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) dieron por cerradas las diligencias en agosto, sin apuntar más responsabilidades que las ya conocidas de la exconcejal de Aguas, Noemí Camps, y el ingeniero municipal Joan Moll. Pese a ello, será la juez y el fiscal quienes valoren si hay indicios para imputar responsabilidades penales y si amplían la presunción a otros técnicos o políticos.
La operación se inició a principios del mes de julio, cuando la Guardia Civil irrumpió en el Ayuntamiento de Ciutadella en el marco de una operación para investigar presuntas irregularidades en la gestión de los pozos públicos de Ciutadella, en los anteriores mandatos.
El origen de la investigación es la denuncia particular por la sobreexplotación durante 14 años de los pozos de Ses Arenes de Dalt, donde llegó a extraerse agua del acuífero salinizado 30 metros por debajo de lo permitido. La investigación va más allá y también analiza la gestión de otros pozos y captaciones de agua, entre ellas el depósito municipal de Es Caragolí.
A veure si en Sito Ferrer es marca un Hector Pons-Dolores Antonio, permetent al destacat membre del PSM Sam Moll, sa venta d'aigua que es mateix propietari que explota i sobre-explota es pous de Aigües Cala Blanca va reconeixer públicament, en carta al Menorca de juny o juliol passat, que era no potable perquè estava contaminada per clorurs i nitrats.