El sector turístico de Menorca, ante el engorro de tener que pedir más datos personales a sus clientes

Empresarios de hoteles, asociación de viviendas turísticas y    negocios de alquileres de coches se suman al rechazo generalizado de las patronales nacionales en relación al Real Decreto aprobado en 2021 que les obliga a recabar 42 datos a sus clientes, algunos de los cuales afectan a su intimidad, además de tener que facilitar 10 nuevos datos sobre su empresa, exigencia que también incluye a las agencias de viaje.

El Ministerio del Interior, después de varios aplazamientos, puesto que debía haber entrado en vigor en enero de 2023, ha fijado la fecha del 2 de diciembre para que esta nueva exigencia sea cumplida por las empresas.    El propósito es «mejorar la eficacia en la prevención y la investigación de los delitos de terrorismo o relacionados con delincuencia organizada de carácter grave».

Deberán remitir a Interior a través de la plataforma digital «Hospedajes», creada por el propio Ministerio, un exhaustivo listado con 42 datos personales, de los que 28 pueden afectar a la intimidad de los clientes. De no cumplir la ley, se exponen a multas que pueden alcanzar los 30.000 euros.

Las quejas de hoteleros y negocios de alquiler de vehículos, así como la necesidad de disponer de la tecnología adecuada, han retrasado el inicio de esta ampliación de información que deberán requerir a los clientes. Aún esperan que el ministro Grande-Marlaska flexibilice el decreto, según ha insinuado él mismo en una reciente reunión con empresarios del sector.

«Esto no puede ser, es un trabajo enorme para los hoteles que nos desorienta», afirma Sebastià Triay Fayas, presidente de la patronal hotelera menorquina, Ashome. De aquí a diciembre «lo que vamos a intentar es que lo aplacen de nuevo o que lo retiren». Recuerda Triay que actualmente ya remiten a la Policía los datos exigidos sobre los huéspedes, pero ampliarlos solo hará que obstaculizar el trabajo y alargar el checkin, «¿qué mas quieren?», se pregunta.

Maria García, de Pime, en representación de la asociación de viviendas turísticas, recuerda que las empresas no tienen capacidad legal para exigir a viajeros que les proporcionen sus datos para formalizar el contrato y una dirección de localización. «No somos autoridad para pedir información que no es referida a nuestra actividad, ni es necesaria», explica García, quien insiste en la necesidad de simplificar la burocracia y no incrementarla.

Empresas del sector ya tienen actualizados los sistemas informáticos para cumplir con el decreto, aunque «lo importante es el contenido», subraya.

Luis Gual, presidente de la asociación de empresas de alquiler de coches, también plantea sus dudas, «no sé si estos datos tan personales se pueden solicitar, ni cómo explicárselo a los clientes». En todo caso, señala que con la temporada prácticamente finalizada, la entrada en funcionamiento en Menorca sería de cara a la próxima, «y para entonces es posible que se haya conseguido una nueva prórroga de esta medida, que no deberíamos ejecutar nosotros».