El Govern dejará en manos del sector privado la decisión de qué inquilinos –entre los que cumplen los requisitos mínimos– se benefician de la nueva oferta rebajada de viviendas que espera que afloren gracias al nuevo programa ‘Lloguer Segur’, unas 2.000 en el conjunto del Archipiélago. Serán los agentes de la propiedad inmobiliaria los encargados de escoger a los arrendatarios de entre el aluvión de demandantes que se prevé que genere la salida al mercado de casas con una rebaja del 30 por ciento sobre un precio tasado que en la Isla no podrán superar los 1.500 euros mensuales.
El Ejecutivo autonómico ha anunciado una inversión anual de 12 millones de euros de dinero público –más de lo que se destina a las ayudas directas al alquiler para las rentas no superiores a 25.200 euros– para subvencionar ese 30 por ciento del coste de los alquileres del nuevo programa, y garantiza a los propietarios el cobro de las cuotas (incluso por adelantado) por un periodo de siete años. Sin embargo, se desentiende del proceso de elección de los inquilinos que se beneficiarán de los precios de alquiler subvencionado, más allá de la comprobación del cumplimiento de unos requisitos.
Tasa de esfuerzo
Entre esas condiciones existe un límite máximo de ingresos anuales, aunque notablemente elevado, de 60.667 euros para un inquilino –más de 5.000 euros al mes–. En cuanto al nivel mínimo de ingresos, estos los marcará la propia dinámica del mercado, con la exigencia de que la llamada tasa de esfuerzo, la proporción de los ingresos que se destinan al pago del alquiler, no supere el 40 por ciento. En la práctica, atendiendo a los salarios que percibe buena parte de la población, se trata de una barrera muy importante.
Tomando como referencia el precio máximo establecido en la Isla para que los propietarios se puedan sumar al programa, y aplicando la rebaja del 30 por ciento, resulta una cuota de 1.050 euros al mes, lo que obligaría a un inquilino a acreditar unos ingresos estables de 2.625 euros al mes.
Incluso cumpliendo con ese requisito de renta –alejado de la realidad laboral de la mayoría de residentes– y ajustándose al resto de condiciones, no existe ninguna garantía de que se pueda acceder a esos alquileres rebajados. Serán los agentes de la propiedad los que podrán, al parecer sin ninguna herramienta para evitar la discrecionalidad, los que decidirán el inquilino idóneo, básicamente en función a los mismos criterios de solvencia y conveniencia para los propietarios que rige en el libre mercado y entre un rango de potenciales inquilinos muy amplio.
Hay que tener aval
El Govern se convertirá durante los siete años que duren los contratos en una suerte de casero que se compromete a pagar al propietario y que quiere garantías de cobro para no tener que encontrarse con situaciones de impagos, que deberá asumir con fondos públicos. Es por ello que entre los requisitos mínimos que ha establecido para los arrendatarios ha incluido otra barrera importante para muchos ciudadanos, la necesidad de disponer de un avalista que responda del alquiler en caso de que el inquilino no pague. Es una de las condiciones que aparecen entre las condiciones del programa.
Desde el Ejecutivo se defiende que no se trata de un programa social, de ayuda al alquiler para rentas bajas, sino de una herramienta para aportar confianza a los propietarios y que se decidan a sacar sus viviendas vacías al mercado, así como una manera de rebajar los alquileres a sectores de población –los califica como clases medias– que por norma general suelen quedarse fuera de los distintos programas y convocatorias de ayudas para la vivienda.
El apunte
Los propietarios separados con sentencia firme sí podrán optar
El Govern no permitirá que una persona que ya sea propietaria de un inmueble pueda acceder a la nueva oferta de pisos rebajados. Sin embargo, en la letra pequeña se establecen excepciones para los separados, siempre que exista una sentencia firme que les prive del uso de la vivienda. Hasta que no consigan el visto bueno definitivo del juez sobre la separación, el divorcio o la nulidad no podrán beneficiarse del programa. También se podrá optar si se recibe una herencia de menos del 50 por ciento de una propiedad, entre otros supuestos.