Las rocas que cayeron el pasado sábado encima del Cafè Baixamar de Maó, en el Moll de Ponent, y la piedra de grandes dimensiones que el lunes se tuvo que retirar mediante una intervención de urgencia en el mismo punto, ante el riesgo de otro inminente desprendimiento, han vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de un mayor mantenimiento y control del acantilado que se extiende a lo largo de la rada mahonesa.
La falta de actuaciones para consolidar el acantilado tiene su origen en los problemas de funcionamiento del Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó, que desde el año 2009 se encuentra en una situación de inactividad, según señalan desde el Consistorio. Este organismo, que está coparticipado por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern, se creó en el año 2003 y debía servir para llevar a cabo las grandes obras necesarias para garantizar la seguridad del acantilado, pero su inoperatividad ha obligado al Consistorio a realizar las actuaciones por su cuenta desde el año 2016. «Actualmente, estamos totalmente solos para hacer frente a estas inversiones», lamentan fuentes municipales.
Plan director del puerto
Esta situación ha impedido que se lleven a cabo muchas de las actuaciones previstas en el plan director del acantilado del puerto de Maó, que se elaboró en 2002, y que describe aquellas acciones necesarias para garantizar la estabilidad del peñasco. En su momento, se calculó que sería necesaria una inversión total de más de veinte millones de euros, y para ello se dividió el puerto en diez zonas, y cada una de ellas estaba fragmentada, a su vez, en varias unidades de actuación. Para cada unidad se definieron las actuaciones necesarias, así como el presupuesto de las obras.
Precisamente, una de las últimas actuaciones previstas en este plan se anunció en 2019, durante la alcaldía de Conxa Juanola, cuando se firmó un protocolo con la Autoridad Portuaria de Balears (APB), que se comprometió a aportar 3,3 millones de euros para financiar las obras necesarias para reforzar la zona 8 del acantilado, que corresponde a la Costa des Muret y los alrededores de Sant Francesc, y que se considera como una zona de intervención prioritaria para la seguridad del espacio. Desde entonces, han pasado ya cinco años y ahora la operación ha quedado descartada por cuestiones formales relacionadas con la naturaleza jurídica del consorcio.
También ha quedado en el aire otra gran inversión prevista para 2022, para la cual se contaba con una partida de 350.999 euros para limpiar y desbrozar todo el acantilado, que no se ejecutó por las dudas de la secretaría y los servicios jurídicos municipales acerca de si algunos tramos son competencia municipal o privada. Sin embargo, ahora se ha conseguido una partida del Govern de 462.812 euros para tareas similares, procedente de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).
Entre las últimas grandes actuaciones que se han llevado a cabo para mejorar el estado del acantilado, destaca la consolidación del peñasco en la Costa de Ses Voltes, que tuvo un presupuesto de 530.508,65 euros y finalizó en 2018. De hecho, en 2013 ya se había intentado reactivar el consorcio durante la alcaldía de Águeda Reynés con la vista puesta en estas obras, que finalmente tuvo que asumir el Ayuntamiento. En este punto también se limpió el acantilado cuando se construyó el nuevo ascensor, a través de un convenio con la APB.
Por todo ello, en 2015 se llegó a considerar la posibilidad de liquidar el consorcio y canalizar las inversiones a través de convenios, pero a causa de las dificultades administrativas para hacerlo, se acordó por unanimidad de todos los grupos intentar revitalizarlo, aunque sin resultados hasta la fecha. En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que en los últimos diez años han invertido casi un millón de euros para mejorar distintos puntos del acantilado, aunque en los últimos cuatro años se han gasto poco más de 18.000 euros.
Reactivación
Ahora, desde el Consistorio vuelven a subrayar su voluntad de reactivar este consorcio, cuya última actividad fue la devolución de créditos bancarios. En este sentido, el alcalde Héctor Pons tiene previsto reunirse la semana que viene con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para abordar la cuestión.
El apunte
El Ayuntamiento exige a los particulares que revisen su zona
Desde el Ayuntamiento de Maó explican que el Plan General de Ordenación Urbanística de Maó obliga a los propietarios que piden una licencia de obra mayor en una parcela que colinda con el acantilado, a hacer una actuación de limpieza y desbroce de la vegetación.
Además, remarcan que el Consistorio no puede actuar sobre bienes que no sean de dominio público. Precisamente, las dudas sobre la titularidad de la verticalidad del acantilado en algunos puntos son las que llevaron a los servicios jurídicos a parar una actuación valorada en 350.999 euros que estaba prevista para 2022. Por ello, señalan que ahora será necesario hacer un estudio de titularidad para determinar los tramos que son competencia del Ayuntamiento.