El pleno del Parlament convalidó ayer con los votos del PP y la abstención de los grupos de la oposición una redistribución de los importes recibidos por el Gobierno central en 2023 para financiar la gratuidad del transporte público en ese ejercicio. Se trata, en concreto, de algo más de 400.000 euros que los consells de Menorca y Eivissa no han podido justificar sobre el total de la subvención recibida.
Por este motivo, este importe se redistribuirá ahora entre las administraciones de Mallorca —como el propio Govern o el Ayuntamiento de Palma— que tuvieron que aportar 13 millones de fondos propios para cubrir la gratuidad de los usuarios del transporte en la isla vecina.
El decreto convalidado ayer modifica el decreto ley del anterior Govern de marzo de 2023 que establecía el reparto de la partida estatal de 43 millones de euros entre las distintas administraciones de las Islas que gestionan los servicios de transporte público terrestre.
A Menorca le fueron asignados 3,5 millones y a Eivissa 5,5, cantidades que no han llegado a justificarse en la totalidad con el gasto real, por lo que deberá ajustarse ahora la diferencia.