No hay tregua navideña para la crispación política que se vive en Es Migjorn. Un comunicado del PP en el que exige al PSOE y sus simpatizantes «más respeto» a partir de ahora en los plenos ha abierto la caja de los truenos. Los socialistas acusan a la alcaldesa, Antònia Camps, y a su marido, el concejal Ramón Verdú, de proferir «insultos, amenazas e interrupciones» en unas sesiones que ya requieren de la presencia de la Policía Local para prevenir incidentes.
El PP culpa a los socialistas de no guardar las formas en el máximo órgano de representación municipal. Los populares relatan el acta policial levantada en el mes de octubre contra dos personas del público, simpatizantes del PSOE, por increpar a los miembros del equipo de gobierno.
Según las consultas realizadas al respecto por este diario, fue en el turno de ruegos y preguntas cuando, a petición de la alcaldesa, una de ellas fue invitada por los agentes a abandonar el salón de plenos. La razón fue que pretendía intervenir y la alcaldesa sostenía que no era procedente. Desde el PSOE sostienen que sí podía hacerlo. La segunda persona que dejó la sala habría acompañado a esta a la hora de dejar el pleno.
«Que no vayan diciendo que es el PP el que arma gresca cuando son ellos, a través de exdirigentes socialistas, los que aumentan la tensión en los plenos», señala la primera edil. Fue hace algunos meses cuando el equipo de gobierno del PP decidió que en los plenos debía haber presencia policial.
El PSOE se remite a las actas
El PSOE no ha tardado en replicar la acusación con otra nota en la que se muestra «atónito» por la versión difundida por el PP. «La realidad es que desde que en 2019 fue elegida alcaldesa, Antonia Camps y el concejal Ramón Verdú han protagonizado los peores comportamientos que se han visto en el Ayuntamiento de Es Migjorn». Unas «faltas de respeto», añaden, que «están documentadas en las actas de los plenos».
Los socialistas aluden en concreto a la sesión del 17 de octubre, en cuya acta se refleja una advertencia de Verdú al concejal de la oposición Pepe Mercadal: «Porque estamos aquí dentro, porque sino…». En el comunicado afirman que el edil popular «perdió los papeles en ese pleno porque la oposición rechazaba que se desestimaran las alegaciones de un vecino a un proyecto de obras».
El PP explica que fue Mercadal el que faltó al respeto a Verdú: «Las cosas hay que debatirlas con respecto», expone Antònia Camps, «por suerte la presencia policial ha conseguido que haya más paz en las sesiones». También aprovecha para reprochar que el concejal del PSOE, que también es diputado en el Congreso, no asistiera en el mes de noviembre a dos comisiones y al pleno cuando «su obligación es estar aquí y no en Madrid, que es lo que prometió».
El único ayuntamiento sin vídeos
Estas versiones contradictorias no pueden ser cotejadas con un vídeo de la sesión, porque el Ayuntamiento de Es Migjorn es el único de Menorca que no graba ni retransmite sus plenos a través de internet. Los socialistas lamentan que un mes más tarde, en noviembre, el mismo Ramón Verdú advirtiera a sus concejales con emprender acciones legales por sus críticas a la gestión municipal de los radares.
En verano el PSOE ya recibió unos correos electrónicos por parte de una abogada que aseguraba actuar «por el bien público» para defender a la alcaldesa de Es Migjorn de las críticas del PSOE después de que estos asegurasen que las multas podían ser nulas según la ley. Fue precisamente este tema el que motivó, por primera vez, la presencia policial en los plenos municipales el pasado mes de marzo.
El apunte
Los ruegos desde el público, una opción que avala la normativa
El episodio de octubre, con la intervención de un agente para desalojar a una persona a petición de la alcaldesa Antonia Camps, se produjo cuando la primera quiso intervenir en el turno de ruegos y preguntas desde el público. Según relatan algunas personas que estaban en ese mismo pleno, intentaba manifestar un ruego en relación con un tema que no había sido abordado en esa sesión, algo a lo que se acogió la primera edil para no permitir su intervención. La discusión al respecto, que fue aumentando de intensidad, acabó con la intervención policial requerida por Antonia Camps.
Esta persona, con vinculación con el partido socialista según admiten desde el propio partido, instó, días después, a que se elaborara un informe desde los servicios jurídicos municipales sobre si la interpretación del reglamento realizado por la alcaldesa fue correcto. El documento indica que los ruegos pueden formularse desde el público sobre cualquier asunto, aunque el equipo de gobierno no tiene la obligación de ofrecer una respuesta.Estas iniciativas por parte del público se tienen que efectuar una vez ha terminado el pleno y no constan en acta.Por tanto, el informe le daría la razón.
La segunda persona del público que intervino en el episodio, y que abandonó la sala junto a la primera, era el exalcalde Pere Riudavets Fayas.