Miquel Àngel Maria, exconseller de Cultura, responsabiliza al departamento de Servicios Generales del anterior ejecutivo, que gestionaba el PSOE, por la inacción judicial de la institución contra la bailarina, Vanessa Jiménez, recientemente condenada por haber estafado al Consell y al Institut d’Estudis Baleàrics, a los que ha tenido que devolver 49.760 y 22.858 euros respectivamente.
En una carta publicada en la revista «El iris», el exconseller de Més per Menorca indica que cuando se tomó la decisión de emprender acciones legales contra la bailarina, los servicios jurídicos de la casa aconsejaron que se coordinara la demanda con el Ayuntamiento de Ciutadella, también afectado por la estafa, y que el abogado fuera el mismo para ambas instituciones.
Señala Maria que era el área de Servicios Generales, que encabezaba Noemí Gomila, del PSOE, la que había de establecer esta coordinación «que parece nunca llegó a concretarse y el Consell perdió la ocasión de incorporarse a la acusación de la fiscalía». Precisa exculpándose que cuando esto sucedió «yo ya no era conseller y por tanto no lo supe ni pude hacer nada al respecto».
Sostiene Miquel Àngel Maria que las acusaciones de su sucesor, Joan Pons Torres, y el director insular cuando indican que el anterior ejecutivo intentó ocultar el caso y decidió no hacer nada «son rotundamente falsas». Alude a un problema de coordinación o comunicación en el cambio de equipo de gobierno del Consell «cuando desde el área de Servicios Generales no se hicieron las acciones que se habían decidido en la reunión del 13 de marzo de 2023», señalando directamente a los responsables del área que gestionaba el PSOE.
En esa reunión, explica el exconseller de Més, sí se decidió emprender acciones legales contra la bailarina tras haber recibido el ofrecimiento del Juzgado 1 de Palma como entidad perjudicada por los delitos cometidos por la denunciada en una acción que inició el Institut d’Estudis Baleàrics. De haberse personado el Consell podría haber reclamado los 95.995 euros que le entregó a la profesional de la danza en diversas subvenciones entre 2016 y 2020. La bailarina admitió que había presentado facturas falsas para justificar la recepción de las ayudas.
El actual equipo de gobierno indicó tras conocerse la condena que buscará alternativas para poder reclamar toda la suma concedida a esta profesional de la danza.
Maria expone que cuando conoció por el diario UH y por este mismo rotativo las posibles anomalías ordenó una revisión exhaustiva de las ayudas concedidas a la bailarina y estas ya quedaron suspendidas en 2021.
Toni HuguetSolo recordar como se pusieron estos de Mes i Psoe al perder las elecciones sus caras un poema miquel maría y Marc Pons llenos de nervios ya sabemos ahora porque y lo que va a salir mucho más