La ayuda alimentaria en especie como modelo de asistencia a personas vulnerables es cada vez más reducida en Menorca, al extenderse el modelo de tarjetas monedero, mientras que en paralelo, la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario hace que los supermercados busquen dar salida a sus excedentes, obligados a la donación y redistribución de los alimentos en buen estado que no han vendido.
«Los súper no tienen problema en poner producto en la cadena, pero en Menorca hay una dificultad añadida y es que las entidades no tienen capacidad logística, almacenes, cámaras, vehículos, para esas donaciones, no dan abasto», declara Carles Tarancón, el secretario general de la patronal de distribución Asodib, que integra a empresas como Lidl, Mercadona y Aldi.
«Debería ser complementada esa logística para dar una salida mejor estructurada a las donaciones, es un tema que se ha comentado con las administraciones como una problemática», asegura, y añade que «los supermercados hace mucho que están implicados contra el desperdicio, ponen producto e incluso ayudan con sus almacenes y vehículos».
Para dar salida a sus excedentes, las principales cadenas de distribución alimentaria mantienen acuerdos con ayuntamientos y también con entidades que todavía realizan el reparto en especie y ayudan a las personas que no reúnen las condiciones para acceder a una tarjeta monedero, destinada sólo a las familias con menores a su cargo e ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media estatal.
Las tarjetas surgieron para evitar las ‘colas del hambre’, es el sistema que ya implantó Cáritas en 2022 y que también puso en marcha el Gobierno en 2024, para aplicar el Fondo Social Europeo (FSE) +, el nuevo instrumento que sustituye al FEAD –por el que llegaban miles de toneladas de excedentes europeos a los bancos de alimentos–, para luchar contra la exclusión y la pobreza.
El Ministerio de Derechos Sociales convenió el reparto de esa ayuda a través de tarjetas con Cruz Roja y los bancos de alimentos dentro de la federación española –en Menorca no hay ninguno–, y a partir de este mes las comunidades autónomas deben asumir la gestión, un traspaso que está en proceso.
Excluidos de la ayuda oficial
Esa ayuda del FSE+ tiene fisuras, está dirigida a familias vulnerables con menores a su cargo, y hay personas en situación de necesidad que no reúnen las condiciones. Es ahí donde entra en juego la labor del voluntariado social ligado a colectivos religiosos: la Iglesia Evangélica de Menorca, la Iglesia Pentecostal, órdenes católicas como las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, y prácticamente todas las parroquias de la Diócesis de Menorca. Estas últimas lo hacen por su cuenta, no como parte de la acción de Cáritas, que ya solo utiliza las tarjetas, salvo en el caso de los alimentos que recibe –donados por los supermercados Mercadona y Aldi–, que destina a su escuela de restauración Ca n’Aguedet, uno de sus proyectos de integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión.
Hacia la tarjeta monedero
Los ayuntamientos, que asimismo tienen acuerdos con cadenas de distribución alimentaria, también realizan ese tránsito hacia el modelo de tarjeta monedero, de hecho valoran cómo redefinir los convenios que mantienen con algunas empresas que hasta ahora donaban tanto alimentos como productos de primera necesidad e higiene.
Sus servicios sociales son siempre los que evalúan y dirigen a los distintos usuarios a las entidades como Cruz Roja y Cáritas, pero no controlan las entregas en parroquias o comunidades religiosas.
Lo único que importa son las personas. Sean cristianos, musulmanes, budistas, judíos o ateos. Háganme caso y procuren ser mejores personas cada día porque todos vamos a morir. Intenten dejar un mundo mejor.