El tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha considerado probada la violación a una menor de edad ocurrida en la noche del 27 de octubre de 2022 en la casa de okupas en la que vivía el agresor, en la calle Vassallo, de Maó. La sentencia dictada por cuatro magistrados condena al acusado, de 47 años, a 7 años de cárcel, 8 años más de libertad vigilada cuando salga de la prisión, orden de alejamiento a no menos de 500 metros de su víctima durante 12 años y a indemnizarla con 12.000 euros por los daños morales causados.
El extenso fallo del tribunal contempla la violación que tuvo lugar aquel día cometida por el hombre nacido en la República Dominicana, con larga relación de antecedentes penales, sobre la menor a la que ya conocía, una chica que entonces tenía 17 años y que aquel mes residía en la Casa de la Infancia bajo la tutela del Consell. La institución insular finalmente no se personó en la causa, pese a haber anunciado que lo haría, al alcanzar la mayoría de edad pocos meses después la víctima.
El relato de la joven, además de las testificales y periciales, ha prevalecido en la condena. A pesar de que solo recordaba episodios que le vienen a la mente de aquel día, su exposición fue coherente. Conocía a su agresor de hacía tiempo porque era amigo de su madre, de hecho admitió haber estado viviendo unos días en esa misma casa de okupas por diferencias con su progenitora y porque él la ayudaba y le merecía confianza en estas situaciones. El último día en que estuvo en esa casa, sin embargo, el hombre le pidió 150 euros y mantener relaciones sexuales a cambio para continuar allí. Ella se negó y se fue.
El día de los hechos la joven dio a entender que él le pudo haber puesto alguna sustancia en la bebida cuando estaban con un grupo de gente por la zona del skatepark en la que apareció el acusado repentinamente. Se ofreció ante sus amigas a acompañarla al centro de menores pero lo que hizo fue llevarla el garaje de la casa de okupas. Solo recuerda la imagen de él tras ella frente al sofá y estar mojada de cintura para abajo.
El testimonio del agresor, que pidió declarar en último lugar en el juicio celebrado el 30 de enero, no resultó creíble para el tribunal. Admitió que conocía a la menor por la amistad con su madre, que la había acogido en la misma casa (de okupas) con anterioridad, que las relaciones fueron consentidas y, como dato más relevante, dijo que la sesión había consistido en un trío con otro hombre de 20 años, propiciado por la misma chica.
Este segundo hombre estuvo ilocalizable durante la fase de instrucción pero apareció para declarar en el juicio. Refrendó el testimonio del acusado y aseguró que su actitud en el acto había sido solo pasiva. El tribunal no ha dado verosimilitud a su aporte a la causa.
Investigado por corrupción de menores
El agresor posee un amplio historial delictivo. En una causa anterior fue detenido, acusado de corrupción de menores incitándolas a la prostitución en las cuevas del skatepark, en Maó, a cambio de dinero y drogas, algunas de ellas también tuteladas por el Consell. Entonces las menores negaron las acusaciones ante el juez por lo que se archivó esta acusación y se mantuvo la de tráfico de drogas.
En el juicio de este último caso varios testigos se refirieron a su habitual relación con menores de edad como podía comprobarse en espacios céntricos de la ciudad. En el juicio el agresor admitió que ya había sido deportado a su país en una ocasión pero que había regresado a España con su esposa. Está en prisión desde el 3 de noviembre de 2022.
Porquería gobierno y sus leyes a favor del maleante