El PP y Vox han cerrado el acuerdo para extender el decreto de proyectos residenciales estratégicos a áreas de transición de los municipios de más de 20.000 habitantes, que en el caso de Menorca son Maó y Ciutadella, y dar a sus respectivos ayuntamientos un año para adherirse a las medidas o presentar proyectos.
Finalmente todas las viviendas que se construyan en estas zonas transitorias tendrán algún tipo de protección, ya sea como viviendas de protección oficial (VPO) o como viviendas a precio limitado. El coste de estos inmuebles, de entre 60 y 90 metros cuadrados, rondaría los 210.000 y los 285.000 euros, según los cálculos del PP.
El portavoz del PP en Parlament, Sebastià Sagreras, ha puntualizado que solo si hay un informe de viabilidad económica que lo justifique, se permitirá que un máximo del 25 por ciento de las viviendas se comercialicen a precio libre y el resto tendrán que estar limitadas.
Sagreras ha avanzado, en una rueda de prensa, que los 'populares' darán apoyo a las enmiendas que presente Vox durante la tramitación del decreto como proyecto de Ley de Vivienda, con la que pretenden solventar el problema de acceso a la vivienda «heredado» de anteriores legislaturas.
Los ayuntamientos decidirán
De este modo, el decreto convalidado por el Parlament se podrá aplicar a estas áreas de las localidades más pobladas de Balears, siempre que los ayuntamientos lo aprueben en los plenos municipales. Tanto Maó como Ciutadella, con mayoría de los partidos de izquierdas, tendrán la última palabra.
Además, ha informado que, ante la «imperiosa necesidad» de vivienda, la legislación dará un plazo de un año para que los consistorios interesados en acogerse a las medidas den el visto bueno en sus plenos y los promotores presenten sus proyectos urbanísticos.
Sin agotar el suelo urbanizable
Otro aspecto que ha aclarado es que los ayuntamientos podrán disponer de estas áreas de transición sin necesidad de haber agotado los suelos urbanizables, siempre que los ayuntamientos lo justifiquen. El PP pretendía en un principio que fuera obligatorio agotarlo antes.
Las enmiendas también incluirán un apartado con el que se determina que las viviendas acogidas a algún régimen de protección se tengan que construir antes que las de precio libre.
Al mismo tiempo, las personas que quieran acceder a estos inmuebles tendrán que tener una antigüedad en el empadronamiento en algún municipio de Baleares de cinco años. También ha confirmado el apoyo del PP a la propuesta de Vox para que las personas condenadas por ocupación de una vivienda, por lo que sí habrá un artículo -a la espera de ver cómo queda redactado finalmente- que recoja esta limitación para acceder una VPO o a ayudas en materia de vivienda.
Preguntado por si este acuerdo supone algún avance de cara a aprobar los presupuestos autonómicos, ha alegado que las negociaciones de las últimas semanas se han centrado en estas enmiendas pero ha remarcado que se han trabajado de manera «independiente».
Acerca de si se ha planteado una remodelación de Govern tras los dos años de legislatura, ha señalado que «no se han planteado ese escenario», ya que es un Ejecutivo que «funciona», «comprometido con el cambio» y al que ha pronosticado que «le quedan muchos años de vida».
A ver...el SPLASH está en rústico y lo van a demoler...quiere decir que cualquiera podrá luego denunciar a los ayuntamientos si se siente perjudicado por que alguien legalice una zona rústica y no otra??. Luego ya si eso entramos en que pisos de 60mtrs. cuesten 210.000. ¿Como van a quedarse los menorquines en Menorca? y no digamos tener más de 1 hijo en pisos así.