Las empresas náuticas de Menorca se muestran favorables al nuevo decreto que está tramitando el Govern balear para regular el alquiler de embarcaciones, y que prohibirá el alquiler de barcas por parte de particulares en la comunidad autónoma. Además, el texto establece que, para poder alquilar una embarcación, será obligatorio disponer de un amarre, una boya o una autorización para embarcar y desembarcar en un puerto.
En la práctica, la norma impulsada por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua pretende impedir que se aplique en Balears la nueva regulación que también está tramitando la Dirección General de la Marina Mercante, la cual permitirá el alquiler de embarcaciones de recreo de uso privado, es decir, las inscritas en la lista séptima. Por este motivo, el Gobierno central ha presentado alegaciones a la norma, aduciendo que la comunidad autónoma carece de competencias para regular el alquiler náutico.
Aunque las alegaciones de Marina Mercante se presentaron fuera de plazo, han sido valoradas y rechazadas, y actualmente la tramitación del decreto del Govern está a la espera de varios informes preceptivos, como los del Consell Consultiu y el Consell Econòmic i Social, entre otros. No obstante, todo apunta a que las diferencias entre las dos administraciones podrían acabar dirimiéndose en el Tribunal Constitucional.
Regulación
Desde la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen), su presidente, Gabriel Massanet, considera que las pretensiones de Marina Mercante «no tienen lógica», aunque confía en que la normativa estatal no se acabe aplicando en Balears, y se imponga el decreto del Govern.
El nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, actualmente en tramitación, contempla la posibilidad de que las embarcaciones inscritas en la lista séptima puedan alquilarse durante un máximo de tres meses al año sin necesidad de cambiar de matrícula, es decir, sin pasar a otra lista.
Lo que propone el Gobierno representa un cambio sustancial, puesto que ahora cualquier embarcación de uso particular que se quiera destinar al alquiler debe solicitar previamente el cambio a la lista sexta, que corresponde a embarcaciones deportivas o de recreo que se explotan con fines lucrativos. Para que esto siga siendo así, e impedir la pretensión del Gobierno, el texto que prepara el Govern prohíbe explícitamente el alquiler náutico a las embarcaciones que tengan autorizado un cambio temporal de uso privado a comercial.
Desde la patronal náutica menorquina consideran que las pretensiones del Gobierno central perjudican a las empresas del sector, ya que equiparan la lista sexta con la séptima, pese a que los costes y requisitos son muy diferentes. «Un amarre de la lista sexta cuesta cuatro veces más que uno de la séptima, y el seguro también es más caro. No puede ser que un particular tenga un amarre de la séptima y luego alquile a un precio más bajo, porque nosotros pagamos mucho más», señala Massanet. «Una cosa es que un particular pase de la lista séptima a la sexta, y otra muy distinta es que quiera alquilar sin cambiar de lista. Son dos situaciones diferentes», insiste. Además, desde Asmen subrayan que Balears no puede regularse de la misma forma que el resto del país.
Rosa Cardona, representante de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam) en Menorca, también se muestra de acuerdo con la regulación que propone el Govern balear. Cardona estima que la norma servirá para poner orden en el sector de los chárteres y garantizar que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. «Vemos bien la propuesta del Govern, porque intenta asegurar que todos trabajemos en las mismas condiciones», recalca. Además, Cardona recuerda que, desde hace años, las empresas del sector vienen denunciando el intrusismo y el alquiler ilegal de embarcaciones, algo que esperan que se pueda erradicar con la nueva regulación.
Precisamente, uno de los objetivos de la nueva normativa del gobierno de Marga Prohens es acabar con el alquiler encubierto de embarcaciones, una práctica que, como ocurre con el alquiler de viviendas turísticas, se ha disparado en los últimos años. Si finalmente el Gobierno central se impone y permite que los particulares comercialicen sus barcas durante tres meses al año, el Govern ya ha avisado que retirará el derecho de amarre en sus puertos a los particulares que utilicen sus barcas con fines lucrativos.
Declaración responsable
El nuevo decreto de la Conselleria del Mar para regular el alquiler de embarcaciones, que actualiza el decreto 21/2017, también establece la obligatoriedad de presentar una declaración responsable al inicio de la actividad, la cual deberá realizarse por cada una de las embarcaciones que se alquilen. Además, se exige que el número de registro figure en las páginas web que comercializan el alquiler de embarcaciones.
Dons será una mica difícil d'inpedir, qui controla aixó al mar i a tota sa costa?