Los municipios menorquines tienen claro que más pronto que tarde tendrán que poner el foco en las tarifas que gravan el consumo del agua y los servicios de saneamiento para ir equiparando los ingresos a los costes reales, pero se trata de una medida impopular que no es del gusto de los gobiernos municipales, sobre todo en los casos en que pese a su elevado coste, el servicio no cumple con los estándares mínimos de calidad y en un contexto de aumento generalizado de la inflación.
El caso de Maó sirve para ejemplificar lo anticuado de las tarifas. El pasado mes de mayo hizo público que las tarifas que los usuarios pagan en la ciudad de Llevant responden a una subida aprobada en el año 2012, la última aplicada. Uno de los argumentos que se utilizan para no actualizar estas tarifas es que buena parte del municipio –más todavía desde la interrupción del servicio de la desnitrificadora de Malbúger hace casi un año, recibe un agua no apta para el consumo humano por excesos en el nivel de nitratos.
En el otro gran núcleo de población, Ciutadella, se está gestando un notable incremento de las tarifas en cumplimiento del llamado Plan de Gestión Sostenible del Agua, que establece que deben cerrarse casi la mitad de los pozos de captación y triplicar su consumo de agua desalada, que tiene un coste mucho mayor. La revisión de las tarifas será inevitable. Otros municipios como Sant Lluís han iniciado un proceso de análisis de la situación con vistas a aumentar las tarifas, pero también a discriminar los consumos para penalizar especialmente los más elevados.
Si es necesario para el turismo, me parece bien que los menorquines paguemos el doble