El Ayuntamiento de Maó someterá el próximo jueves, día 31, a aprobación del pleno un plan económico-financiero para los ejercicios 2025 y 2026.El motivo radica en el incumplimiento del criterio de estabilidad presupuestaria durante el ejercicio 2024, como consecuencia de un atasco en el cobro de impuestos y tasas. Los efectos de esta medida extraordinaria se sustancian en la aplicación de algunos ajustes como la revisión de los precios de un par de servicios (que ya estaba prevista el verano pasado, pero no salió adelante por falta de votos suficientes) o la necesidad de vender patrimonio para poder acometer todas las inversiones deseadas.
Dos factores provocaron la ralentización en la ejecución del cobro de determinados impuestos y tasas, según explica la teniente de Alcaldía de Hacienda, Elena Costa. Por un lado, la implantación de la tasa de residuos conllevó una sobrecarga de trabajo en los servicios municipales, sobre todo por la necesidad de notificarla a cada uno de los alrededor de 14.000 hogares y 2.000 negocios del municipio. Como consecuencia de ello muchos cobros no se pudieron efectuar dentro del ejercicio 2024 (se materializarán en 2025) y, además, se retrasaron los expedientes del impuesto de plusvalía, que también acabaron el año sin haberse materializado. El porcentaje de cobro en el periodo de aportación voluntaria pasó del 99,1 por ciento de 2022 y a un 88,7 por ciento en 2024.
El segundo factor es que la empresa contratada el verano pasado para los cobros por vía ejecutiva (cuando hay que reclamar al contribuyente) tardó mucho en activarse, con un nivel de ingresos muy bajo durante su primer año de trabajo. El problema radicó, según explica Costa, en la migración de datos informáticos desde la administración municipal a esta sociedad.
La suma de ambas incidencias provocó una merma de ingresos efectivos (que no de los derechos de cobro) de unos 400.000 euros (un 1 por ciento del presupuesto total del Consistorio, aproximadamente), que han impedido cumplir el criterio de estabilidad presupuestaria una vez aplicados los parámetros que indica la Unión Europea. El resto de criterios, como la regla de gasto y el nivel de deuda, sí se cumplen.
El plan económico-financiero requiere adoptar algunas medidas este año para cumplir con la regla de gasto, explica Elena Costa, puesto que en 2024 fue bastante comedido y solo se permite un incremento, sobre lo ejecutado, del 3,2 por ciento. La estabilidad presupuestaria no corre peligro. Algunos ajustes son de gestión interna, como un plan plurianual de inversiones para afinar más con las partidas o un mayor control de los gastos extra no presupuestados.Otros, pero, son más palpables. Por ejemplo, se retomará la revisión de las tasas de las escuelas municipales y el polideportivo que no salió adelante en el pleno de julio de 2024 por no contar el PSOE entonces con suficientes apoyos.Elena Costa comenta que los incrementos en los precios son poco relevantes, apenas unos pocos euros mensuales, y que se han centrado más en reestructurar aspectos relacionados con las bonificaciones y las matrículas. En el caso del ‘poli’, por ejemplo, se pasará abonar una matrícula en cada trámite de incripción.
Otra medida de ajuste será la venta mediante subasta de algunos terrenos municipales de difícil aprovechamiento público, como es el caso de parcelas industriales en Poima IV Fase o residenciales con capacidad para viviendas unifamiliares que pasaron a ser del Consistorio mediante juntas de compensación.Costa comenta que espera obtener unos 500.000 euros como mínimo que servirían para acometer inversiones que, de otro modo, y con el plan de ajuste, no serían posibles.
En 2026 no habría que adoptar medidas excepcionales.
CiudadanaPoliticos y funcionarios,que algunos tambien se creen los amos y dueños del cortijo, porqué los politicos cada 4 años les podemos dar largas,pero a los funcionarios ni tocarlos y ahí está el problema.