El pasado 2 de julio la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) emitió un comunicado en el que reiteraba su petición al Ministerio de Hacienda de que hiciera efectiva la prórroga de «la posibilidad de destinar el superávit de los ayuntamientos a inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025 y 2026». Además, señalaba la conveniencia de que este mecanismo legal quedara automatizado, es decir, que el empleo de los excedentes resultantes de la liquidación de un año económico en cada consistorio no dependiera de una decisión ejecutiva del Estado.
Los ayuntamientos de la Isla suman dinero en el banco un año tras otro, que procede del presupuesto no ejecutado (más ingresos que gastos) que se acumula en el llamado remanente de tesorería. Entre el Consell y los ocho ayuntamientos, este excedente contable se sitúa en los 144 millones de euros. Pero este dinero no está a su libre disposición. Existen unos límites. Unas normas, que establecen que este ahorro se puede emplear para saldar deudas, abonar actuaciones ya previstas que han quedado pendientes y para inversiones financieramente sostenibles (que no generen más gasto corriente), con determinados criterios que son los que espera la FEMP que se activen mediante decreto.
Además, con la recuperación en 2024 de la normativa de estabilidad financiera, suspendida por la covid-19, se vuelve a aplicar la regla de gasto, que implica que en 2025 cada entidad local puede gastar un 3,2 por ciento más de lo que ejecutó en el año precedente, no más. De momento, y como consecuencia de esta recuperación de las normas de estabilidad financiera, Maó y Es Mercadal han anunciado ya la necesidad de elaborar planes económicos-financieros por incumplirlas.
Esta circunstancia preocupa a algunos alcaldes de la Isla, que ven como tienen que hacer «malabares» (como dice uno de ellos) para cuadrar todos los gastos existentes con los ingresos disponibles, mientras almacenan grandes cantidades de dinero en el banco que no hacen más que criar intereses. Otros, como Maó, aprovecharán este dinero para evitar pedir los préstamos que tenían contemplados en sus presupuestos, pero también agradecerían mayor flexibilidad al respecto. Algunas voces lamentan los efectos de una medida pensada para que el Gobierno cuadre las cifras de deuda, y otras consideran que, al final, si uno cumple con la estabilidad, no tiene que haber inconveniente.
El Consell, 60 millones
De los 144 millones que la página web de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) atribuye como ahorro acumulado a las entidades locales de la Isla una vez resuelta la liquidación de 2024 (Alaior aparece aún con la liquidación de 2023 porque acaba de aprobarla), 61,7 millones de euros corresponden al Consell. La institución insular ha pasado en dos años de 31,3 millones de euros de remanente a casi duplicar esta cantidad. El superávit solo de 2024 fue de 22,7 millones de euros, dinero presupuestado y no gastado. Hace diez años, en 2015, el remanente acumulado superaba por poco los 4 millones.
Los ayuntamientos acumulan en sus remanentes de tesorería 82,2 millones de euros, cuando hace diez años era menos de la mitad, 33,7 millones. El caso más exagerado es el Ayuntamiento de Ciutadella, con 30,6 millones de euros de ahorro acumulado, que son 7 millones más que el ejercicio anterior gracias a un superávit que rozó los 10 millones de euros en 2024. De nuevo, presupuesto no ejecutado.
El Ayuntamiento de Es Mercadal es otro destacado en este aspecto, con 13,2 millones de euros de remanente en parte por los 2,5 millones de euros de superávit en la liquidación de 2024. Desde 2015 ha ido acumulando un promedio de un millón al año. El resto de consistorios se mueven entre los 7,8 millones de euros de Sant Lluís y los casi 4 millones del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran.
Alaior y Es Migjorn, los que más tardan en pagar a los proveedores
La página web de la Airef que reúne los datos de las entidades locales españolas tiene actualizados a marzo de 2025 los pagos pendientes a proveedores y la media de días que se tarda en abonarlos. Maó destaca en cuanto a los importes, con 2,66 millones de euros en facturas no saldadas, por delante de los 1,28 millones del Consell (en abril), 0,45 millones de Ciutadella, 0,24 millones de Es Migjorn Gran, 0,23 millones de Alaior y 0,07 millones de Es Mercadal. En cuanto a los tiempos, Alaior alcanza los 79 días, Es Migjorn Gran tarda una media de 64 días, Ciutadella 41 días, Maó 39 días, Es Mercadal 38 (todos ellos por encima del plazo máximo recomendado de treinta), Ferreries no pasa de 16, el Consell está en 13, Sant Lluís paga en cinco días y Es Castell, en cuatro.
Gastar es doblers vol dir fer propostes, projectes etc, i açò vol dir fer feine es funcionari en cuestió i també es polític de torn. I açò és lo que no volen, FER FEINE i si afegim que no poden repinyà res ( robar) ancara manco