Se cumplen dos años desde la instalación de los controvertidos radares de control de velocidad de Es Migjorn Gran, con un volumen de sanciones muy por encima de lo estimado y de cualquier otro sistema similar en la Isla. Hace unos días se informó en este diario que en los primeros seis meses del año hasta el 6 de julio, ya se habían notificado casi 6.000 multas, con la punta del verano por delante.
Un porcentaje importante de la recaudación por estas multas por exceso de velocidad, un 59 por ciento, va a parar a la empresa a la que se encargó la instalación de los dispositivos, Alumbrados Viarios SA. Según la información conocida hasta la fecha, esta sociedad ha ingresado ya por este concepto casi 670.000 euros, a tenor de las facturas emitidas hasta comienzos de este año. La cifra, por tanto, puede superar con facilidad los 700.000 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha pagado a la empresa CGi, con la que externalizó el servicio de notificación de multas a partir de octubre de 2023, un importe total de casi 32.000 euros en nueve facturas contabilizadas por la oposición. Además, desde la oposición en el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran han venido criticando el elevado gasto, de miles de euros, que ha conllevado el envío postal de las notificaciones correspondientes a tan gran cantidad de multas, que colocan a estos medidores de velocidad entre los más punitivos de Balears.
Críticas y cambios
Desde su instalación los radares se han visto envueltos por la polémica, con críticas y discrepancias con la Dirección General de Tráfico sobre su ubicación, cambios en la misma, y quejas por parte de unos afectados, algunos de los cuales han acabado recibiendo varias sanciones acumuladas.
Y sigue habiendo gente que cree que el Estado mira por el ciudadano. Jajajaja