El pleno de Maó tumbó el jueves el Plan Económico-Financiero (PEF) que el equipo de gobierno municipal había presentado para los ejercicios 2025 y 2026, debido al incumplimiento del criterio de estabilidad presupuestaria tras la liquidación de las cuentas de 2024. Según explicó la concejala de Hacienda, Elena Costa, el descuadre se debe a un atasco en el cobro de impuestos y tasas, que impidió recaudar lo previsto.
Sin embargo, el plan no pudo salir adelante a causa del voto en contra del PP y de Xisco Cardona, así como de la abstención de Ara Maó. De nada sirvió la propuesta del alcalde Héctor Pons de retirar el plan del orden del día para poder negociarlo, ya que no contó con los apoyos necesarios. Como resultado, la votación se llevó a cabo y el documento quedó rechazado.
«Quieren votar el plan y que no se apruebe. Entiendo que ese es su objetivo. Lo digo para que, después, también quede claro de quién son las consecuencias», señaló el alcalde, visiblemente molesto tras ver frustrados sus llamamientos a la responsabilidad. Durante el debate, tanto el PP como Ara Maó acusaron al equipo de gobierno del PSOE de llevar a cabo una mala gestión.
Sin acuerdo
Durante la presentación del plan, Costa explicó que el Ayuntamiento ha incumplido el criterio de estabilidad presupuestaria, establecido en la conocida como Ley Montoro, con un desfase de 440.000 euros.
La concejala aseguró que el incumplimiento se debe a una disminución de los ingresos previstos, causada por «un cúmulo de circunstancias que seguramente no se volverán a producir y que se corregirán de manera automática». Entre ellas, mencionó la implantación de la tasa de residuos, que supuso una sobrecarga de trabajo para los servicios municipales, así como los bajos resultados obtenidos por la nueva empresa contratada para gestionar el cobro de multas. Esto ha provocado que los ingresos por vía ejecutiva no hayan sido los esperados. Además, todo ello ha llevado a que se dejaran de gestionar otros cobros, como el de las plusvalías.
Para compensarlo, el plan elaborado por el equipo de gobierno proponía aumentar los precios de los servicios deportivos, culturales y de ocio municipales, así como la venta de parcelas del Ayuntamiento sin uso posible, con el objetivo de invertir en la adquisición de suelo para la construcción de vivienda pública. También se incluían otras medidas para mejorar la gestión.
Después de las explicaciones del PSOE, desde el PP acusaron a los socialistas de llevar a cabo una «gestión deficitaria de la recaudación municipal». «Si esta empresa no actuaba correctamente, los responsables eran ustedes. No pongan más excusas», señaló la concejala Maria Isabel Llufriu, quien recordó que el equipo de gobierno también preveía recaudar un millón con multas de tráfico. «En cambio, acabaron regalando tres radares a la DGT», lamentó.
Desde el PP también culparon a los socialistas de realizar una planificación y gestión deficiente del presupuesto, así como de gastar sin control. «¿Después de diez años, no han sido capaces de gestionar un tema tan importante como los gastos de un ayuntamiento? Solo por este hecho, desde el PP le invitamos a dejar la silla», sugirió Llufriu al alcalde.
Por su parte, desde Ara Maó —y a pesar de reconocer la buena situación financiera del Consistorio y criticar lo injusto de tener que aplicar una ley pensada para las administraciones insolventes— también lamentaron la mala gestión del equipo de gobierno, especialmente en el seguimiento del nuevo contrato de asistencia en la recaudación. «Otra concesión a una empresa externa que se les escapa de las manos, como el servicio de aguas», señaló Jordi Tutzó, quien aseguró que «la falta de rigor en la gestión» del equipo de gobierno del PSOE «vuelve a ser muy evidente».
Desde la agrupación de electores tampoco compartieron las soluciones planteadas en el plan de ajuste, y aseguraron que optaban por la abstención por responsabilidad institucional. «Si no sale adelante, podrían aplicarse medidas todavía peores que las expuestas, o incluso producirse una intervención por parte de instituciones públicas superiores, lo que supondría la pérdida de la autonomía municipal. Pero también debemos decirles que, con el actual equipo de gobierno, ya no estamos seguros de que eso fuera algo negativo», concluyó Tutzó.
Si no se aprueba el plan se tendrán que congelar partidas del presupuesto
Si finalmente el Ayuntamiento de Maó no logra aprobar un plan económico-financiero para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se abriría un escenario de incertidumbre respecto a las consecuencias que esta situación podría acarrear. El alcalde Héctor Pons explica que lo primero que deberán hacer será congelar algunas partidas del presupuesto. «En principio, con esto sería suficiente, pero lo tenemos que hablar con el interventor», señala. El plazo que tienen los consistorios para presentar el plan es de tres meses desde que se produce el incumplimiento, un periodo que ya ha expirado. La ley también contempla la posibilidad de que se envíen expertos para valorar la situación.
Mahoneessss77.......tan viejo eres o te lo hace el barr del poli