El Juzgado de Instrucción Número 3 de Maó ya ha abierto el procedimiento de venta pública de los 60 pisos del bloque situado a la entrada de Alaior, entre la Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova, cuya promotora quebró dejando una deuda más intereses de 12,3 millones de euros. La subasta, que estará abierta hasta el próximo 6 de octubre, tiene en vilo a las familias que residen de alquiler en los inmuebles. Los actuales inquilinos no tienen derecho a mantener sus contratos cuando cambien de casero y, en medio de la gigantesca crisis de acceso a la vivienda que sufre la Isla, su futuro habitacional queda ahora en manos del mejor postor.
La gran esperanza de las familias es que sea la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la que termine presentando la mejor oferta para adquirir los pisos. No en vano, la intención del llamado ‘banco malo’ es proceder como en el caso de los inquilinos de los edificios de las calles Pintor Calbó y Maria Lluïsa Serra de Maó, a los que finalmente respetó la duración y cuantía de los acuerdos contractuales que habían firmado con la anterior propiedad.
Piso por piso
Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un procedimiento de libre concurrencia –cualquiera, incluso los mismos inquilinos, pueden intentar comprarlos– y por lo tanto no existe ninguna garantía de que sea la Sareb la que acabe adquiriendo los pisos. En este punto hay que subrayar que la subasta no se realiza por el bloque entero, sino por medio de lotes, vivienda por vivienda, lo que facilita la entrada en la puja de pequeños inversores interesados en especular con activos inmobiliarios en una de las zonas del país en la que más se han disparado los precios en los últimos años.
Las viviendas tienen un valor de tasación y subasta que se mueve entre los 211.900 euros por un piso de 60 metros cuadrados y los 378.170 euros por un dúplex de casi cien, aunque no existe un importe de salida con el que empezar a pujar. La suma de las cantidades en que han sido valorados los inmuebles asciende a 17,53 millones de euros, un 42 por ciento más de la cantidad que la Sareb reclama en el procedimiento de ejecución hipotecaria contra los antiguos promotores, la empresa Mussola y Bitacora Promociones SL.
Solo que se vendan los pisos al 70 por ciento de su valor de tasación, la Sareb ya podría recuperar los 12,3 millones que suma la cantidad, que entre deuda, intereses y costas, se le reclama a la promotora en el trámite de ejecución hipotecaria instado ante los juzgados de Maó por la propia Sareb. Cabe recordar que la Sareb ya no solamente persigue deshacerse de activos para recuperar la deuda que dejaron los bancos tras la crisis de 2008, sino que ahora tienen entre sus principios una responsabilidad social que ya ha demostrado en casos como el de Maó.
Va a pujar
Este diario puede confirmar que la Sareb va a tratar de hacerse con todos los pisos del bloque de Alaior, que en ese caso pasarían a formar parte de la oferta de viviendas públicas con el traspaso anunciado de este tipo de activos a la nueva empresa estatal de vivienda del Gobierno para destinarlos al alquiler social. No obstante, la sociedad tiene uno rango de puja limitado que no va a exceder. Esta es la vía por la que los inquilinos esperan poder mantenerse en su vivienda y no tener que verse abocados repentinamente a un mercado inmobiliario que de un tiempo a esta parte ha enloquecido.
En este sentido hay que subrayar que en el edicto de subasta emitido por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Maó, así como en el Portal de Subastas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se recuerda el auto emitido por el mismo juzgado el pasado 7 de marzo, en el que se resuelve que los inquilinos no tienen derecho a continuar residiendo en el inmueble una vez cambie de propietario porque sus contratos, si bien no presentan indicios de fraude o simulación, no están inscritos en el Registro de la Propiedad.
De hecho en las condiciones de entrega de los bienes subastados se deja claro que si el inmueble estuviera ocupado, «se acordará de inmediato el desalojo cuando el Tribunal haya resuelto que las personas ocupantes no tienen derecho a permanecer en él», como es el caso.
Actualmente los inquilinos del bloque de pisos de Alaior están pagando cuotas mensuales que se mueven entre los 400 y los 800 euros, precios en su mayoría muy alejados de los que se están reclamando actualmente en un mercado de alquiler en el que la escasez de oferta convierte el reto de encontrar vivienda en una verdadera odisea.
LátigoLo primero, totalmente de acuerdo. Pero la vivienda subvencionada, no provoca faltas victimas. Hay familias que por la situación que sea, natural, medica, ... necesitan poder acceder a una vivienda en condiciones. Teniendo en cuenta que el mercado es libre y los precios los ponen los propietarios sin criterio de la realidad, pues habrá que buscar una solución para las familias. Si el alquiler social debería ser para siempre o un tiempo hasta que esa familia se recupere... pues puede ser un tema a debatir.