Los familiares de los dos menorquines que se embarcaron en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza siguen con inquietud la operación de Israel contra los 473 tripulantes que permanecen recluidos en una prisión situada en el desierto del Neguev. «Es una preocupación enorme que los puedan condenar por terrorismo», explica Carlota, hija de Santi Oliver, que junto a Lluís de Moner formaba parte del equipo que iba a bordo de los 42 barcos que fueron interceptados por el ejército israelí entre el miércoles y el viernes.
Los tripulantes fueron arrestados y trasladados al puerto de Ashdod, donde el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, los calificó de «terroristas» y acusó de «apoyar el terrorismo», amenazándolos con que «seréis castigados», según consta en un vídeo que circula en redes sociales.
«El trato que están recibiendo es una tortura, como también lo es ser conscientes de que cabe la posibilidad de que los maten o los condenen por terrorismo», lamenta Carlota Oliver, que incide en que tanto su padre como el resto de tripulantes de la Flotilla «han sido secuestrados» en aguas internacionales. «Reclamamos, más allá de su liberación, información oficial y protección para ellos, además de mantener el foco en el genocidio que está cometiendo Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza». Subraya, en este sentido, la urgencia de abrir un corredor humanitario y poner fin a la masacre, objetivos declarados de la Global Sumud Flotilla.
Los familiares de los dos menorquines que se sumaron a la misión afirman sentir «miedo» por lo que pueda ocurrir y recuerdan que llevan 48 horas sin recibir noticias de Santi Oliver y Lluís de Moner. Sus últimos mensajes en las redes sociales fueron publicados el miércoles, pasadas las 20 horas. «Echamos en falta interés y apoyo institucional, que se concreten acciones y que haya seguimiento y compromiso a nivel local».
Apoyo institucional
Los padres de Lluís Moner han confirmado que se ha puesto en contacto con ellos la directora insular del Estado en Menorca, Clara Mayans. Por su parte, el Ayuntamiento de Maó condenó este viernes la «acción ilegal y violenta» que ha impedido el desarrollo de la misión humanitaria de la Flotilla, que calificó de «plenamente legal y legítima, amparada por el derecho internacional y numerosas resoluciones de Naciones Unidas».
El alcalde Héctor Pons tachó de «inadmisible» que esta operación «haya estado reprimida de esta manera» y exigió, acompañado por el concejal de Atención a las Personas, Enric Mas, y el concejal de Ara Maó, Mateu Berenguer, la «liberación inmediata» de Santi Oliver y Lluís de Moner, así como del resto de las personas que permanecen recluidas en prisión en Israel.
Instó, además, al Gobierno a exigir a Israel el «respeto del derecho internacional y la protección de los derechos de las personas ocupantes de la Flotilla» y pidió que «se depuren responsabilidades por posibles crímenes de guerra, vulneraciones de derechos humanos y obstrucciones a la ayuda humanitaria».
Muy bien les ha ido a estos perros flautas después de implicar a todos los españoles en un conflicto internacional contra una potencia democrática y a favor de una estado terrorista claramente.