El presidente local del PP y primer teniente de alcalde de Es Mercadal, Tóbal Pons Sintes, mantiene todos sus cargos 48 horas después de que la difusión pública de la sentencia que le condena por un delito leve de lesiones haya sacudido la calmosa actividad política municipal.
Tras eludir todas las peticiones de la dirección insular del PP para que, al menos, renunciara a la presidencia del partido y a ejercer como portavoz del grupo en el Ayuntamiento, el concejal se ampara en la «confianza y excelente relación» que dice tener con el alcalde Joan Palliser y sus compañeros de la Entesa para mantenerse también en todos sus cargos institucionales.
El jueves por la noche, tras reunir de urgencia a la junta local, Tóbal Pons puso sus cargos a disposición del alcalde y del equipo de gobierno, y el alcalde y la Entesa, con la que está coaligado el PP al frente del Ayuntamiento, le devolvió anoche de nuevo la pelota a su tejado.
El secretario general insular del PP, Cristóbal Marquès, volvió a intentar hacer ver a Pons el «error» que supone empecinarse en no renunciar tampoco a sus responsabilidades orgánicas y, al comprobar que no rectifica, mandó el expediente que se le ha abierto ante el Comité de Derechos y Garantías.
«Me negué a aceptarlo -explica Tóbal Pons- porque la sentencia afecta a mi ámbito privado y familiar, no al de la gestión pública. Cuento con el apoyo de todos los miembros de la junta local y seguiré siendo el presidente hasta que con el próximo proceso electoral se renueven los cargos, si es que finalmente no me presento». No obstante, a media tarde sí accedió a renunciar como portavoz a favor de su compañero Carlos Rotger, actual alcalde pedáneo de Fornells.
En el trasfondo deja entrever que subyacen ciertas divergencias internas entre la junta local y la cúpula del PP-Menorca, que el entorno de Tóbal Pons atribuye, entre otras cosas, a su postura reacia a la reelección de Coya Sugrañes como presidenta insular del partido.
No obstante, Pons prefiere eludir cualquier comentario público al respecto y, por los contactos realizados con «sectores del partido», no teme que el Comité de Derechos y Garantías pueda reclamarle el acta de concejal. Más bien al contrario, asegura, «se valorará que es un delito leve que no tiene por qué comportar la adopción de medidas. Comprendo que, en aplicación del Código Ético, se analice si alguien es condenado con sentencia firme, pero cabe ponderar las sanciones en función de la gravedad de las lesiones y de la sentencia, y en este caso es mínima».
El concejal lamenta que «se me haya criminalizado como si fuera un delincuente o un corrupto, cuando lo único que hice fue mediar en una pelea familiar. Si, por contra, el hecho hubiera tenido relación con la gestión pública, posiblemente yo mismo me habría avanzado a presentar mi dimisión».
Es más, dice que decidió no recurrir la sentencia que le condenaba «por consejo de mi abogado, quien era partidario de pagar, archivar el caso y olvidarnos del tema». Y así lo hizo. «Pagué los 180 euros que, por cierto, son menos que aparcar en línea amarilla. Se ha montado demasiado lío y ha faltado empatía. Quien me conoce sabe que nunca he roto un plato». Además, añade, la condena leve que se le ha impuesto «no computa a efectos de antecedentes penales y no tendrá mayor consecuencia. Por eso me sabe tan mal que se haya dañado tanto mi imagen personal y a mi familia».
Ladyi entesa tambe!!!