El Ayuntamiento de Es Castell ha empezado a poner solución a una anomalía urbanística que se remonta a finales de los años 80, durante el mandato del alcalde socialista Jaume Peralta, y que podría terminar saliéndole muy cara. El Consistorio de la época permitió que se construyeran ocho viviendas unifamiliares ubicadas en la confluencia de las calles Agamenon y Fontanilles al mismo tiempo que tramitaba una actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que se calificaba el solar como zona verde. Las casas, que se levantaron con licencia, se encuentran desde entonces fuera de ordenación y los propietarios tienen derecho a exigir una expropiación que supondría un gasto de casi seis millones para las arcas municipales.
El equipo de gobierno de PP e IPEC en el municipio del levante insular decidió contratar a un despacho de arquitectos para explorar una solución al entuerto urbanístico que ha mantenido en un limbo legal a los propietarios. Obtuvieron legalmente la licencia, cumplieron con los condicionantes que le puso el Ayuntamiento en su momento, pero sus viviendas son ilegales y en consecuencia llevan décadas sin poder conseguir licencias de obra. Los ecos de una época de desmanes urbanísticos llegan hasta la actualidad, ya en la tercera década del siglo XXI.
La solución técnica consiste en recalificar los terrenos para que, sin llegar a equipararse a los de su entorno, sean considerados residenciales y puedan desencallar la situación de sus propietarios. También implica el traslado de esa zona verde prevista en el plan general hacia otro lugar del municipio, al entorno del molino recuperado a la entrada del pueblo, llegando desde Maó. Se trata de una opción que satisface a los vecinos, aunque todavía debe superar trámites importantes para llegar a convertirse en realidad.
El primer paso ya está dado. El pleno del Ayuntamiento, reunido ayer en sesión extraordinaria de urgencia, dio el visto bueno a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. Ahora los cambios quedarán 30 días en exposición pública abiertos a alegaciones y después deberá recibir el visto bueno del Consell insular –con el que ya se han hecho consultas previas– y del Consell Consultiu de les Illes Balears, que emitirá informe vinculante sobre la modificación, antes de volver al Ayuntamiento para su aprobación definitiva que ponga fin a esta anomalía. El alcalde Lluís Camps explicaba ayer que «me comprometí a buscar una solución, no solo para evitar un daño económico al Ayuntamiento, sino porque es de justicia».
Después de leer los comentarios e intentar entender algunas posturas... Me sigue pareciendo un ataque los ciudadanos que hacen las cosas bien y un refuerzo innecesario a la demasiado común postura de las instituciones de proteger al que no cumple con la ley.