Sant Lluís ampliará un 20 % el contrato del geriátrico a los 10 meses de adjudicarlo

Han pasado poco más diez meses desde que el Ayuntamiento de Sant Lluís adjudicó por 9,5 millones la gestión del geriátrico municipal para los próximos cinco años y el equipo de gobierno reconoce que las previsiones para la cobertura del servicio se han quedado cortas. A raíz de las graves deficiencias denunciadas por las familias de los usuarios y los trabajadores, el Consistorio anuncia su voluntad de aumentar un 20 por ciento –el máximo permitido por los pliegos– la dotación económica en los presupuestos del próximo año. El objetivo, revertir la «delicada» y «preocupante» situación que se vive en el centro.

«Habrá que hacer el máximo esfuerzo económico para que se puedan incorporar más trabajadores», aseguró ante el pleno municipal el concejal de Servicios Sociales y Juventud, Eloy Pons, que, no obstante, advirtió que será imposible aumentar la plantilla en once trabajadores, como reclaman los empleados. «Nos parece descabellado lo que piden, habrá que priorizar». El edil reveló que en la última reunión con la empresa gestora esta dejó claro que no va a aumentar el personal y defendió que «no les podemos pedir que lo hagan cuando realmente están cumpliendo con el contrato».

La afirmación contrasta con la que minutos más tarde expuso la alcaldesa, Loles Tronch, quien aseguró que en estos momentos la empresa no tiene cubiertos todos los puestos comprometidos: «Deben estar cumpliendo al 80 por ciento» aseguró, por los problemas que se está encontrando para cubrir las vacantes. La oposición echó en cara al equipo de gobierno que en el contrato se haya fijado el sueldo mínimo que marca el convenio del sector, lo que hace que las ofertas laborales sean poco atractivas para los profesionales. Pons lanzó un dardo a la empresa gestora al considerar en su intervención que «podría haber tenido un poco más de empatía y profesionalidad a la hora de ofrece respuestas a las demandas de los trabajadores».

Por su parte, Loles Tronch defendió que «hay que exigir a la empresa que cumpla todo lo que tiene que cumplir. Se llevaron el contrato del servicio –con la oferta económica más barata– y hay que exigirles que cumplan», reiteró, asegurando que en las bases del mismo se hizo una previsión de personal que supera lo que establece normativamente el Govern. Tronch describió la combinación de factores que han llevado a la actual crisis. «Se han juntado un cambio de gestor, la ampliación del centro (en 20 plazas) y la entrada de un perfil de usuarios más dependientes», que demandan de una mayor dotación de personal.

A esta realidad Eloy Pons añadió otro factor. Durante la pandemia se redujo la ocupación del centro de día de 20 a 13 usuarios y ahora se han vuelto a ocupar las plazas. En cuanto a las deficiencias del centro, el concejal aseguró que solo en el último año llevan gastados casi 200.000 euros en mejoras y afeó a la directora del centro, –ha anunciado que deja el cargo– que no les haya trasladado los problemas que se estaban acumulando en el servicio. Tronch también repartió acusaciones. A la anterior gestora del centro, Hestia, por «dejadez» en el mantenimiento, y al anterior Govern, de haber eliminado del proyecto inicial «dos baños adaptados que hacen falta».