El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico recibe cada semana una denuncia sobre posibles obras ilegales en la Isla. Estas alertas, que provienen tanto de particulares y entidades como de agentes del Seprona o de los propios ayuntamientos, reflejan que las actuaciones urbanísticas fuera de ordenación siguen siendo una práctica habitual, a pesar de las multas, las innovaciones tecnológicas que facilitan un mayor control o de la labor pedagógica que se viene realizando desde hace años.
En 2024, la entidad pública que supervisa el cumplimiento de la legalidad urbanística en suelo rústico recibió un total de 57 denuncias externas, una cifra significativa si se compara con la cuarentena de expedientes de restitución y sanción que se abrieron. En esta línea, hasta el tercer trimestre de 2025, el Consorcio ha registrado 33 denuncias, una cifra que previsiblemente aumentará antes de finalizar el año.
De todo ello se desprende que, más allá de la labor inspectora de los técnicos del propio Consorcio, la colaboración de entidades y particulares sigue siendo fundamental para detectar las infracciones que se producen en el campo menorquín. Se trata de una ayuda bien recibida, y desde la entidad pública incluso facilitan modelos para presentar denuncias que se pueden descargar en su página web.
El GOB, los más activos
En este sentido, destaca el trabajo del GOB Menorca, la entidad privada que presenta el mayor número de denuncias, con una actividad que ha aumentado en los últimos tres años. Así, el grupo ecologista presentó 14 denuncias en 2023, cifra que se incrementó a 24 en 2024. En lo que va de 2025, el GOB ha registrado 15 denuncias. En total, y según los datos del Consell, desde 2006 la entidad ha presentado 118 denuncias, siendo Maó el municipio donde se han detectado más presuntas irregularidades, con 42.
Miquel Camps, coordinador de Política Territorial de la entidad, afirma que llevan muchos años colaborando con el Consorcio y enviándole denuncias cuando detectan posibles ilegalidades, pero que no trabajan a partir de ningún calendario ni planificación previa. «Desde la creación del Consorcio, cada vez que identificamos una presunta infracción la comunicamos, proporcionando un escrito con la ubicación exacta y una fotografía aérea para que los inspectores puedan localizarla fácilmente», señala.
Desde el GOB consideran que la labor del Consorcio ha sido positiva desde su creación, aunque lamentan la falta de transparencia de los últimos años, que les ha impedido acceder a los expedientes, incluso los motivados por sus denuncias. La entidad ha destapado casos como la construcción de nueve piscinas ilegales en el agroturismo Menorca Experimental o la creación de un circuito de motocross sin autorización en una finca de Binixíquer, entre otros.
Es verdad, igual que el Consell promueve que se hagan denuncias de alquileres turísticos ilegales, deberían poner en la web o en una aplicación que con un clic se pueda denunciar si ves ilegalidades en zona rústica, o si ves viviendas que no están en condiciones de habitalidad por ejemplo y las venden o alquilan... facilitar que se pueda denunciar todo de manera fácil para los ciudadanos, sobretodo como está el tema de vivienda actualmente.