El anteproyecto de Ley Agraria de Balears que elabora el Govern ampliará de seis a diez las plazas en agroestancias y permitirá ampliar edificaciones en rústico, hasta un 20 por ciento del volumen inicial, con el fin de acondicionarlas. Esto ha motivado alegaciones en contra por parte de Unió de Pagesos y el GOB-Menorca, y entidades como Agrame son partidarias de flexibilizar el texto.
Ha concluido recientemente el periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones a la nueva ley. En este contexto, tanto el GOB como Unió de Pagesos han coincidido al señalar como excesivas las diez plazas turísticas que permite el nuevo articulado, y Fagme (Asociación Agraria y Ganadera de Menorca) entiende que el máximo de diez puede ser válido, aunque, eso sí, siempre condicionado al mantenimiento de la actividad agraria.
En Agrame (Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca) son más laxos, con la idea de permitir las agroestancias sin necesidad, como recoge la ley, de llevar cuatro años inscritas como explotaciones preferentes. Esto, defienden, podría abrir la puerta a la reapertura de fincas cerradas y recuperar la actividad agraria. Por otro lado, también plantean facultar al Consell para fijar porcentajes superiores, a la hora de ampliar edificaciones existentes.
Urbanismo y amnistía
Desde el GOB advierten que la nueva ley «favorece actividades económicas que desplazan la agricultura», a la vez que elimina garantías ambientales. «Parece que abandona la idea de ayudar» al sector agrario y que «solo se quiera utilizar el suelo rústico para trasladar más operaciones inmobiliarias y turísticas».
Los ecologistas critican que el Govern proponga agroestancias en «cualquier edificio agrario anterior a 2015», y reclaman que se aplique el principio de seguridad y precaución y no permita «nuevas edificaciones en zonas de riesgo natural».
Asimismo, «el artículo 130 permite que la administración agraria competente exonere totalmente o parcialmente el cumplimiento de condiciones urbanísticas en edificaciones e instalaciones agrarias o complementarias», lo cual permite «saltarse la superficie construible, la altura, el volumen, las características estéticas...», apuntan desde el GOB.
En su disposición adicional primera, la nueva ley prevé un «procedimiento extraordinario» para legalizar edificios, construcciones e instalaciones agrarias construidas antes de 1991 en zonas de especial protección, algo que el GOB tilda como una «nueva amnistía urbanística». Igualmente, también lo es la legalización de construcciones en parcelas de menos de 14.000 metros cuadrados, donde «no hará falta que el terreno sea propiedad del titular de la explotación agraria, sino que también podrá aplicarse en caso que lo sea un familiar de hasta segundo grado de parentesco», critican.
Unió de Pagesos no és aquesta "associació" que rep subvencions a tutiplén, presidida per una senyora amb una estreta relació amb el GOB i PSM? Gràcies, no fa falta dir res més