El Consell sigue luchando contra el alquiler turístico ilegal, y este año las sanciones impuestas ya superan el millón de euros. En 2024, las multas alcanzaron los 1,8 millones de euros. Sin embargo, el cobro de las sanciones no siempre es sencillo. Desde la institución insular recuerdan que, al igual que ocurre con cualquier sanción administrativa, si el propietario de la vivienda no paga voluntariamente, el Consell tiene la facultad de recurrir al embargo de bienes para asegurar el cobro.
Este ha sido el caso de una ciudadana británica a quien el Consell impuso, hace dos años, dos multas: una por un apartamento de una habitación y otra por una vivienda de dos. En una carta dirigida a «Es Diari», la mujer detalla que pagó una de las sanciones y contactó con un abogado para solicitar al Consell explicaciones sobre la segunda, cuya cuantía —señala— era mucho mayor. Ahora lamenta que la institución le haya embargado una casa en la Comunidad Valenciana para hacer efectivo el cobro de las cantidades impuestas, sin haber recibido aclaraciones.
Procedimiento garantista
El director insular de Vivienda, Jaume Fedelich, explica que la fase ejecutiva del cobro de las sanciones no corresponde al departamento de Ordenación Territorial y Turística, sino al departamento de Tesorería, aunque asegura tener constancia de, como mínimo, dos casos en los que, para cobrar la sanción por alquiler turístico ilegal, se ha tenido que recurrir al embargo de bienes.
En este sentido, desde el Consell recuerdan que los procedimientos para sancionar las prácticas ilegales en el ámbito del alquiler turístico son muy garantistas, por lo que, aunque se recurra, la institución siempre suele acabar cobrando la sanción.
Ben fet,que paguin