La Plataforma per l’Habitatge Digne de Menorca se ha dirigido a todos los ayuntamientos de la Isla y el Consell para que insten al Gobierno central a prorrogar, un año más, las medidas del escudo social en materia de vivienda que se adoptaron durante la pandemia de la covid y que, en la práctica, impiden desahuciar a los inquilinos declarados vulnerables.
El colectivo argumenta que Menorca sufre «un aumento sostenido de los precios de la vivienda, un alquiler cada vez más inacesible y una oferta muy limitada», unos factores que aumentan la vulnerabilidad de personas mayores, con discapacidad o riesgo de exclusión, jóvenes con pocos recursos, familias monoparentales, migrantes y víctimas de violencia machista.
La memoria justificativa de la propuesta que han hecho llegar a las administraciones de la Isla sostiene que finalizar ahora las medidas del escudo social por parte del Gobierno «podría dejar a centenares de hogares de Menorca en una situación de desprotección absoluta».
La Plataforma también tiene en cuenta a los propietarios que dejan de cobrar la renta y no pueden instar un desahucio. Para ellos pide «reforzar los mecanismos de compensación para que la protección [a los inquilinos vulnerables] sea justa y equilibrada».
Las medidas aprobadas en 2020 han permitido en este tiempo frenar los desalojos para que puedan intervenir los servicios sociales. La Ley de Vivienda de 2023 establece, además, que no se pueden ejecutar lanzamientos sin valorar previamente la vulnerabilidad.
Jaime Anglada AngladaSolo les okupa culpar al turismo ,