La propiedad de un apartamento en Maó que lo alquiló para estancias no inferiores a 32 días y lo publicitaba a través de la plataforma Airbnb se enfrenta a una multa de 40.001 euros, según la propuesta de resolución de los inspectores del Consell insular.
El inmueble no tenía licencia turística porque no iba dirigido al alquiler turístico, sostienen sus dueños, de hecho lo alquilaron en tres ocasiones gracias al anuncio en Airbnb y sus clientes fueron estudiantes de geriatría con un contrato de prácticas; una familia argentina que sigue viviendo en la Isla desde hace años y los terceros, una pareja de británicos que pasa temporadas en Menorca por motivos de salud. Según el testimonio recogido por «Es Diari», los hechos inspeccionados por el Consell se produjeron en 2024, antes de que entrara en vigor la obligación de inscribir en el registro estatal los alquileres de corta duración, que entró en vigor el pasado julio.
Apartamento en zona urbana
El apartamento se encuentra en zona urbana, en Maó, y la pareja propietaria lo adquirió hace diez años. Ella trabajó durante siete años como médico de Primaria en un centro sanitario de la Isla y «todo lo que hice fue poner mi apartamento en alquiler a trabajadores cuando volví a Barcelona».
Sabían que el inmueble no se podía alquilar a turistas, por no estar dentro de la zonificación para ello, «nunca quise la licencia, pues yo he trabajado muchos años en Menorca y quería alquilar a residentes por trabajo, causas familiares o médicas», explica la afectada. En el anuncio que se reproduce en esta página, y que ya fue retirado de la plataforma, se especifica que es un alquiler «para estancias largas de más de 32 días».
No obstante, la inspección de la Conselleria de Ordenación Territorial y Turística no han dado por buenas sus explicaciones y, como respuesta, les ha comunicado la propuesta de la sanción mínima por una infracción muy grave, de 40.001 euros, por haberse anunciado en la plataforma sin contar con la oportuna licencia y porque en la publicidad se dan contradicciones, como el hecho de que se ofrezcan servicios adicionales (limpieza, cambio de sábanas, atención 24 horas) propios de los servicios turísticos, contradicciones que los propietarios creen que son imputables a la plataforma.
«Se nos multa por habernos anunciado para alquileres de larga estancia en una plataforma que también es de alquiler vacacional, pero no únicamente, en Airbnb también se anuncian alquileres de larga estancia y estancias para realizar actividades, a caballo o en barco, además de los vacacionales», se lamenta esta doctora quien, añade, alojó en su apartamento a estudiantes de Erasmus que venían a formarse con un contrato de prácticas de geriatría sellado por el propio Consell.
«La sanción es injusta»
«La sanción es injusta y desproporcionada, me piden 40.000 euros por algo que no he hecho», afirma. La propuesta de sanción incluye la posibilidad de que paguen en el periodo voluntario con una reducción de 16.000 euros, el 40 por ciento, pero aún así, asegura que «tendría que pedir un crédito para afrontarla», ya que debería abonar los 24.000 euros restantes.
Esta pareja señala que ha presentado a la inspección del Consell conversaciones de WhatsApp validadas con un acta notarial, en las que rechazaban peticiones de posibles clientes para alquilar el apartamento por menos de 32 días; admiten sin embargo que hubo fallos en los contratos, pero creen que la multa no tiene una «voluntad correctora» sino «recaudatoria».
Con tanto comentario envidioso,la casta política disfruta.