Menorca está obligada desde el año 2023 a crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) donde se restrinja la circulación de los vehículos más contaminantes. Lo establece la Ley de Cambio Climático y el Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido a la Isla, por tercer año consecutivo, en la relación de territorios infractores que ni siquiera han iniciado los trámites para su puesta en marcha. Hay 20 ciudades y territorios insulares en la misma situación.
La norma estatal fija que la ZBE en las islas se debe aprobar de forma coordinada entre los ayuntamientos y el organismo competente en medio ambiente. El pasado mandato llegó a crearse una comisión entre el Consell de Menorca y los municipios para definir cómo aplicarla. Se barajó que los vehículos más contaminantes no pudieran acceder a espacios naturales emblemáticos como Macarella o áreas problemáticas por el nivel de contaminación, como el puerto de Maó, pero no llegó a concretarse.
Desde que en 2023 entró a gobernar el PP no ha vuelto a plantearse públicamente esta cuestión. Lo cierto es que Menorca no está sola en este incumplimiento, sucede lo mismo en el resto de territorios insulares del país por la dificultad de poner de acuerdo a todas las administraciones que tienen algo que decir al respecto. Balears sí ha hecho avances en las ciudades de más de 50.000 habitantes que, por su cuenta, también deben tener una ZBE. Palma ya ha dado el paso mientras Eivissa y Calvià están en trámite.
Obligados por ser una isla
Aunque Menorca no tenga grandes urbes está igualmente obligada a la declaración por ser un territorio insular que la Ley de Cambio Climático considera frágil y, por su tamaño, especialmente vulnerable a la contaminación del tráfico. Los vehículos que manejan los menorquines tienen una antigüedad media de 13 años y muchos de ellos se verían afectados en caso de adoptar una restricción circulatoria.
La Ley de Reserva de Biosfera aprobada en 2023 establece en su artículo 50 que los ayuntamientos de Menorca, a fin de conseguir los objetivos de calidad del aire, podrán delimitar zonas de bajas emisiones con medidas de restricción total o parcial del tráfico para acceder a los cascos urbanos. Ello incluye la prohibición de paso a los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, en ciertas horas o en ciertas zonas, tomando como referencia los distintivos ambientales de vehículos que emite la DGT.
La situación en España
El año 2025 termina en España con 58 Zonas de Bajas Emisiones vigentes, 91 en trámite y 20 pendientes de tramitar. Solo una tercera parte de los municipios cumplen. Reguladas por la Ley de Cambio Climático de 2021 y por un real decreto de 2022, las ZBE restringen el tráfico de los vehículos más contaminantes en los municipios de más de 50.000 habitantes, los de más de 20.000 que superen los valores límite y los territorios insulares.
La ley establecía el 1 de enero de 2023 para la implantación, pero el proceso acumula retrasos, aun teniendo en cuenta los nuevos plazos concedidos por el Gobierno, hasta finales de 2026. El pasado marzo, el Defensor del Pueblo desveló que había enviado 33 recomendaciones a otros tantos municipios para que solucionasen sus demoras en la adaptación a la normativa.
Una zona de baixes emissions al port de Maó. Així no hi haurà creuers i la central haurà de fer alguna cosa. Quan arreglin això mirem que feim amb els cotxos. Fa poc vem sebre que la contaminació dels cotxos aquí també la porta el vent. I fer-nos llençar cotxos en bon estat i pocs km és una barbaritat, per naltros i pel medi ambient.