Més per Menorca ha trasladado al Congreso de los Diputados la inquietud de las familias que residen en los bloques de pisos de las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó ante la incertidumbre que afrontan por la finalización de sus contratos de alquiler asequible.
A través del diputado Vicenç Vidal, Més ha anunciado que ha presentado una batería de preguntas y ha propuesto al Consell que inste al Gobierno a garantizar que la Sareb y la nueva empresa pública CASA47 mantendrán los contratos vigentes e incorporarán estos pisos al parque público de alquiler.
Con esta doble iniciativa, la formación menorquinista pretende evitar cualquier operación especulativa que ponga en riesgo la estabilidad residencial de las familias afectadas.
La portavoz de Més, Noemí García, ha remarcado que «las instituciones no pueden permitir que la vivienda sea tratada como un bien especulativo» en zonas como Menorca, donde la emergencia habitacional es especialmente evidente.
García recuerda que «estamos hablando de familias que viven con angustia ante la posibilidad de perder su casa, pese a haber cumplido con sus obligaciones como arrendatarios».
Més per Menorca subraya que existen mecanismos legales, tanto a nivel estatal como autonómico, para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, y reclama que se apliquen con criterios sociales.
La propuesta también plantea que el Consell asuma un papel activo de coordinación entre el Ayuntamiento de Mahón y el Gobierno de España, y que asesore y acompañe a las personas afectadas a través de los servicios públicos de vivienda.
Me parece bien la petición, pero se deberían aplicar criterios sociales y eso implicaría que algunas familias abandonaran dichas viviendas para que entraran otras que lo necesitan más. Las viviendas públicas deben ser para quienes más las necesitan, no para quienes llegan antes y se acomodan en ellas. Y ese mismo criterio debería seguirse en el edificio de Alaior si finalmente lo adquiere el Estado: sacar a quienes no lo necesitan tanto y alquilarlas a aquellos más necesitados. En ambos edificios viven familias que ingresan un buen dinero cada mes, incluso funcionarios, habiendo familias que se han quedado sin vivienda y buscan trabajo de forma activa o padecen una discapacidad y no pueden trabajar.