El gobierno del Consell de Menorca ja justificado este miércoles la decisión de retrasar a 2027 la limitación a la entrada de vehículos por el riesgo de que la institución se vea inmersa en procesos judiciales —ya sea de las navieras o de las empresas de rent a car— si la medida se adopta sin las garantías jurídicas suficientes.
El Consell recuerda los precedentes de Formentera o Eivissa y asegura que, con una regulación «progresiva, rigurosa y con plena seguridad jurídica» quiere evitar litigios que puedan comportar sanciones o indemnizaciones con cargo al erario público.
De esta manera, el gobierno insular reacciona con un comunicado al anuncio efectuado este lunes por el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, quien aseguró en el pleno de forma textual que «en 2026 no se podrán aplicar las limitaciones de acceso de vehículos» y remitió su activación a 2027.
Reinterpretación de las palabras de Delgado
El Consell hace una relectura de las palabras del conseller al afirmar que la limitación «empieza esta temporada turística» en base a que ya habrá cámaras instaladas en los puertos de Maó y Ciutadella para el recuento de vehículos en tiempo real —«un elemento clave del sistema», dicen— si bien todavía no habrá ni reglamento ni medidas transitorias aprobadas por el pleno para aplicar la restricción.
En paralelo, el Consell ha pedido a los ayuntamientos datos del padrón e información del parque móvil, para asegurarse que la limitación solo afecta a los visitantes. «El despliegue progresivo de la medida es la única forma de garantizar que se adopta de forma estable, justa y jurídicamente blindada», concluyen.