S’Hort d’en Vigo impulsa la regularización del primer núcleo de hortals de Ciutadella

Han tenido que pasar 23 años desde la aprobación del primer Plan Territorial (PTI) para que los propietarios que desde mediados de los 70 construyeron sin permiso la mitad de las 5.000 casas ilegales en rústico que se contabilizan en Menorca se avengan a regularizar el primero de los 15 núcleos de Ciutadella en los que se asientan. La asociación de vecinos de S’Hort den Vigo, constituida alrededor de 1990 y que en 2024 dio los primeros pasos en este sentido, anunció ayer en boca de su presidente, Joan Mir, su intención de presentar este mismo año el plan parcial que demanda la administración para regular la zona y dotarla de los servicios básicos esenciales.

«El acuerdo se tomó por mayoría en asamblea y, desde entonces, no hemos dejado de avanzar», explica Mir. Primero se recopiló toda la documentación, se contrastó con el Catastro y, mediante derrama vecinal, se contrató a un equipo formado por un abogado, un arquitecto y un ingeniero que están guiando a los propietarios de las 52 parcelas en este largo caminar. «Si en 2030 logramos que el plan se apruebe y el núcleo quede regulado, ya nos daremos por contentos», remata el presidente.

Al menos ya cuentan con estatutos, NIF propio, un camino inscrito en el Registro y un pozo comunitario que les garantiza el abastecimiento. También han realizado un estudio topográfico y analizado la calidad del agua (aún con nitratos), mientras ultiman la elaboración del plan especial de ordenación de los más de 172.000 metros afectados para fijar cómo piensan proveerse del saneamiento, el alumbrado y el suministro eléctrico correspondientes.

«Sabemos que cabrá recabar informes preceptivos de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y que eso puede tardar de dos a tres años pero, aunque lento, este proceso permitirá dotarnos de todos los servicios», arguye Mir. Saldrán ganando todos los propietarios que ya hayan edificado, que podrán decidir en consecuencia si legalizan sus viviendas (en las que la mayoría reside habitualmente), pero también los pocos que aún las mantienen sin construir, con la revalorización que estar en un núcleo legal les supondrá.

En todo caso, remarca, el paso se habrá dado dentro del plazo de cuatro años que establece el Plan Territorial Insular (PTI) en vigor y de los que ya se han consumido la mitad. El coste estimado que deberá sufragar cada propietario se estima en poco más de 2.000 euros.

«No es una urbanización»

Joan Mir recuerda que el PTI «no obliga a legalizar las casas, sino los núcleos rurales», y que el de S’Hort den Vigo es un asentamiento rural «con viviendas, sí, pero también con huerto asociado». A diferencia de otros núcleos, «no es una urbanización encubierta».

De hecho, la vía emprendida por los vecinos de s’Hort den Vigo les compromete a no tener edificados más de 90 metros cuadrados por parcela -como dicta el actual PTI- o, a lo sumo, el coeficiente medio de construcción en la zona, que el gobierno del PP en el Consell quiere fijar como nuevo baremo para ampliar así el margen de edificabilidad a legalizar. «Nadie estará obligado a legalizar, pero ya sabrá a qué atenerse», apunta.

El abogado Cinto León precisa en este sentido que los propietarios más reacios a emprender ahora la vía de la legalización de sus casas son aquellos que no están dispuestos a soportar elevados sobrecostes en los servicios comunes de agua o alcantarillado, así como también los afectados por una infracción ya prescrita pero que temen proporcionar datos a la administración que les obliguen a derribar parte de sus viviendas.

También influye el elevado coste que les puede acarrear la nueva vía que ha abierto la administración para amnistiar y legalizar todo lo edificado, pero pagando a cambio entre un 10 y un 15 por ciento del valor que ahora tendrían las obras. Poco que ver con lo que les costaron hace décadas. «En general -resume- frenan dos factores: el económico y el administrativo, pues se abre un largo proceso que todos sospechan que pueda eternizarse».