La mujer acusada de un delito de apropiación indebida ha sido condenada este jueves a dos años de prisión y al pago de 260.837 euros por aprovecharse de su condición de administradora de fincas para hacerse con hasta 265.725 euros, de los saldos de las cuentas de las comunidades que gestionaba.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este jueves el juicio contra la condenada, que ha llegado finalmente a un acuerdo entre las partes. La Fiscalía pedía inicialmente cinco años de prisión para ella.
El Ministerio Público ha reconocido el atenuante de la reparación del daño y la entrega por parte de la mujer de dos apartamentos para pagar la responsabilidad civil, así como el compromiso de aportar un tercero para cubrir la cantidad total.
La defensa de la condenada ha solicitado a su vez que se conceda el beneficio de suspensión de la pena, que ha sido aceptado por todas las partes.
Según el escrito del fiscal, la mujer actuó ilícitamente en hasta diez fincas ubicadas en Menorca, haciéndose con los saldos de sus cuentas a través de transferencias, reintegros en efectivo o cobros de talones no justificados.
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