El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instruyó en 2001 el caso contra el inspector jefe de Ciutadella, Enrique Morales Lluch, por el llamado ‘caso Scala’, sobre supuesto favorecimiento de la prostitución. El mando vivió un auténtico calvario personal y profesional, hasta que en el año 2003 fue absuelto por la Audiencia de Palma.
El caso fue muy sonado en Menorca, donde García Ortiz cumplía su primer destino como fiscal, y también en Mallorca a principios de este siglo, porque el mando acusado era una persona muy conocida y apreciada en aquella isla. Siempre se sospechó, como contó ayer a este periódico un jefe policial jubilado de Palma, que detrás de la denuncia contra Enrique Morales había un compañero suyo, que pretendía quitarlo de en medio profesionalmente para ocupar su cargo.
Red de prostitución
García Ortiz y su mujer recalaron en Menorca en marzo de 1999 y hasta diciembre de 2002, el fiscal fue el fiscal coordinador, por lo que todos los casos importantes pasaban por su despacho.
Morales Lluch se enfrentó a una pena de cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la prostitución. Además, en aquel truculento caso -del que se escribieron ríos de tinta en aquellos años- estaban envueltas otras cuatro personas que también se enfrentaron a una petición fiscal de cuatro años de cárcel. La acusación sostuvo, en aquella época, que el ex mando permitía que las mujeres extranjeras que entraban en España como turistas y ejercían la prostitución en un local de Ciutadella (llamado Scala) superaran el periodo de estancia legal de tres meses de duración.
El inspector jefe de la Policía Nacional dejó el cargo al destaparse el caso en mayo de 2000 tras la denuncia de dos mujeres de nacionalidad colombiana que se prostituían en el local pero, durante las vistas judiciales, negó todas las acusaciones y cualquier trato de favor hacia aquel club de alterne. Su relato fue respaldado por la mayoría de sus compañeros, tanto en Ciutadella como en Palma: «Todos sabíamos que era inocente, pero hicieron una auténtica cacería con él. Lo pasó muy mal y fue algo muy injusto», recordó ayer otro alto mando jubilado de la Jefatura Superior de Policía.
García Ortiz llegó a pedir prisión preventiva para Morales, eludible bajo fianza de 300.000 pesetas de la época.
Por su parte, la Dirección General de la Policía abrió una investigación interna. El juicio contra él se celebró en junio de 2003 en la Audiencia de Palma y la sentencia que absolvía al mando policial no se conoció hasta agosto. El inspector jefe declaró a este periódico que se sentía satisfecho «aunque esperaba este fallo, primero porque nunca cometí el delito de que se me acusó, y después, porque a lo largo del juicio quedó demostrada mi inocencia y la inexistencia de las pruebas que decían tener quienes me acusaron».
Xec de Son TicaY los que no son Sanchístas no tenéis corruptos en vuestros partidos. A Mariano Rajoy todavía lo están buscando.