Una familia en situación de vulnerabilidad formada por el padre de 87 años, una hija de 48, inválida y en silla de ruedas, y su hermana, de 59, que es quien cuida de ambos, debe abandonar el próximo viernes el piso de Maó en el que viven los tres desde hace al menos ocho años tras haber expirado el contrato de alquiler con la propiedad.
Un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Maó ordena el lanzamiento del inmueble, situado en la calle Fort de L’Eau 155, en cumplimiento de la sentencia del pasado 12 de septiembre que daba la razón al dueño del piso, una vez concluida la relación contractual entre ambas partes. El propietario tuvo que presentar una demanda de desahucio para recuperar la posesión del inmueble ante la negativa de sus inquilinos a salir de la casa pese a que les había concedido un año más de prórroga para que tuvieran tiempo y pudieran encontrar una alternativa residencial.
La situación ha generado un proceso de angustia para la familia desde hace meses ya que no encuentra otra vivienda a la que se puedan trasladar y el tiempo se les ha echado encima.
«El dueño nos dio un año más, es cierto, pero en todo este tiempo no hemos encontrado nada, con los precios que hay en el mercado hoy en día es imposible».
Hasta ahora pagaban 600 euros por el alquiler, pero dadas las características de la vivienda que precisan por la minusvalía de la mujer impedida que utiliza una silla de ruedas para moverse, «no podríamos hacer frente a una renta como las que se están pidiendo ahora, porque además tampoco hay pisos de alquiler disponibles». Desesperada, añade que «no sé dónde nos vamos a meter si viene la policía y nos obligan a salir de casa esta semana», explica la mujer que cuida de su padre y de su hermana, enojada, además, por no haber recurrido a la sentencia que les obligaba a desalojar la casa tras el juicio.
Entre las ayudas que reciben las dos hermanas y la pensión que cobra el progenitor la familia ingresa 3.022 euros mensuales con los que, además de pagar el alquiler, han de afrontar todos los gastos de manutención para seguir viviendo, incluidos los farmacéuticos y otros derivados de pagos atrasados.
La mujer asegura que se encuentran en situación de indefensión «en la que vengo luchando desde hace muchos años para obtener ayudas y que nos dieran un lugar que podamos pagar para vivir con dignidad». De hecho llevan al menos ocho años registrados en el Ibavi para que les sea concedida una alternativa residencial sin haberlo conseguido.
Con 3.000€ vivimos 4 en casa pagando hipoteca y encima nos pegamos un viaje al año, no se que tan vulnerables....