La familia desahuciada: «¿En qué cabeza cabe pagar 1.200 euros al mes por un piso que no es nuestro?»

Confiaban, quizás, en un último resquicio al que acogerse para obtener otra prórroga y continuar en el piso de la avenida Fort de L’Eau, de Maó, donde han vivido los últimos 13 años en régimen de alquiler. Solo así se explica que la familia, con informe vulnerable de los Servicios Sociales de Maó, no entregara las llaves en el juzgado el día anterior y aguardara la llegada de la comitiva judicial, ayer a las 12 del mediodía, según lo previsto. Lo hicieron, ya sin el padre octogenario quien se ha trasladado a otro lugar, sin oponer resistencia para declarar una y otra vez a su salida que no tenían ningún sitio dónde ir.

En pocos minutos, el cerrajero requerido por el Juzgado había cambiado el bombín de la puerta, al tiempo que se empezaban a retirar los enseres básicos de la familia, previamente guardados en varias cajas. Todas ellas quedaron depositadas, momentáneamente, en el vestíbulo del edificio. Por la tarde las dos hermanas, una de ellas inválida en silla de ruedas, habían regresado a la entrada del bloque para poder llevarse sus pertenencias a algún lugar desconocido después de haber acudido al Ayuntamiento convocadas por los Servicios Sociales.

Se había consumado el desahucio más mediático de los últimos tiempos en Menorca, rodeado de un despliegue policial sorprendente -10 agentes nacionales y dos locales, dos furgones y un vehículo patrulla. A ambos lados de la entrada del edificio, en el número 155 de la calle, 22 personas de la Plataforma per un Habitatge Digne repetían lemas contra el desahucio y la especulación inmobiliaria, con pancartas alusivas, en apoyo a esta familia. Decenas de vecinos seguían la escena que transcurriría sin ninguna incidencia.

Concluía así el largo proceso iniciado desde que el titular de la vivienda anunciase a este núcleo familiar que deberían abandonarla en el plazo de un año después de finalizado el contrato. En ese tiempo las dos hermanas y su padre, de 87 años, no han encontrado alternativa habitacional por el coste de los alquileres que, aseguran, no pueden asumir con las tres prestaciones que reciben. El juez dio la razón al propietario en la sentencia del pasado septiembre al interpretar que sus ingresos    superan el límite para que obtuvieran la declaración de vulnerabilidad económica que habría impedido legalmente el desahucio.

1.200 € de alquiler

Ascensión, la mayor de las hermanas, declaró a su salida, entre lágrimas, que el desahucio había sido un acto «de corrupción» porque «hay un nuevo decreto que lo impide, están quebrantando sus propias leyes».

Las dos mujeres admitieron haber recibido el ofrecimiento del Ayuntamiento para alquilar un piso por 1.200 euros, recibiendo su ayuda durante los primeros meses. Pero aseguraron no poder pagar este precio y añadieron que es «mentira que nos hayan brindado un apartamento». Además cuestionaron comentarios relacionados con los 3.024 euros que reciben en pensiones entre los tres. «Mi hermana cobra una pensión no contributiva y parece que somos ricas. Estamos hartas de lo que nos quita Hacienda y los embargos, cuando ellos roban a manos llenas».

Precisaron que si aceptaban este alquiler, ofrecido por un tiempo, «¿luego qué pasará, otro desahucio y vuelta a hacer cajas?». Añadió Ascensión que «un alquiler no es una hipoteca», preguntándose, «¿en qué cabeza cabe pagar 1.200 euros por un piso que no es nuestro?». Cargó también contra las inmobiliarias «porque ofrecen viviendas que no son ni aptas para personas».

Refirió que «ni el Consell ni el Ayuntamiento nos han querido dejar un local para guardar nuestras cosas, por eso solo nos llevamos lo básico». Tres gatos, entre otros animales, que convivían con ellas «y que espero que no los maten» –dijeron–, las acompañaran a donde quiera que vayan.

Tras repetir que no tenían alojamiento a partir de ahora, las hermanas reconocieron que «nos han dicho que vayamos a los Servicios Sociales. Ahora no nos queda otra que quedar en sus manos, ya que antes no han hecho nada».