Desahucio ejecutado. La familia de Maó, compuesta por un anciano, que hoy no se encontraba en la casa, su hija discapacitada y en silla de ruedas y su hermana, han sido desalojados el mediodía de este viernes, tras la ejecución de la orden judicial que les ha obligado a dejar el piso en el número 155 de la avenida Fort de l'Eau.
Ha sido la culminación del largo proceso iniciado desde que el titular de la vivienda les anunciase que deberían dejar la vivienda en el plazo de un año, una vez concluido el contrato.
Ha sido necesaria la presencia de la comitiva judicial para subir al piso y proceder al desalojo que se ha desarrollado sin ningún incidente.
Las dos hermanas aguardaban su llegada en cumplimiento del auto del juzgado, mientras en la calle 22 personas de la Plataforma per un Habitatge Digne con varias pancartas entonaban lemas contra el desahucio, en apoyo a esta familia.
Un total de 12 policías, dos de ellos locales, y otro buen número de vecinos que observaba la escena desde la calle han completado el acto transcurrido en medio de una gran expectación.
En pocos minutos, el cerrajero requerido por las autoridades judiciales ha cambiado el bombín de la cerradura, al tiempo que se iniciaba el descenso de los enseres básicos de la familia, guardados en varias cajas. Todas ellas han quedado momentáneamente en el vestíbulo del edificio.
Lágrimas en los ojos
Una vez retirada la Policía Nacional y la comitiva judicial han aparecido por la puerta las dos hermanas con lágrimas en los ojos, puesto que el padre, de 87 años, al parecer, se había trasladado fuera de la Isla para evitar este trance, dada su avanzada edad.
La hermana mayor ha declarado, ya en el exterior del bloque, que el desahucio ha sido un acto «de corrupción» porque, ha asegurado, «hay un nuevo decreto que lo impide por eso están quebrantando sus propias leyes».
Las dos mujeres han admitido el ofrecimiento del Ayuntamiento para alojarse en una vivienda de alquiler, al precio de 1.200 euros, «no podemos pagar una casa de este precio y es mentira que nos hayan ofrecido un apartamento».
Precisaron que si aceptan el alquiler por unos meses «¿luego qué pasará, otro desahucio?». Han añadido que «un alquiler no es una hipoteca», preguntándose, ¿«en qué cabeza cabe pagar 1.200 euros por un piso que no es para nosotros?».
Dónde dejar sus cosas
Tras cargar contra las instituciones reiteradamente han subrayado que «ni el Consell ni el Ayuntamiento nos han querido dejar un local para guardar nuestras cosas, por eso solo nos llevamos lo básico». Tres gatos las acompañaran a donde vayan, ha dicho una de ellas.
Su destino inmediato son los Servicios Sociales del Ayuntamiento, «nos han dicho que vayamos y nos queda otra que quedarnos en sus manos ahora ya que antes no han hecho nada, no tenemos ni dea dónde iremos a parar hoy».
Hasta aquíDesde que vigilaban novacunados....