Multa del 15 % del valor del hortal para legalizarlo

El decreto de simplificación administrativa -un compromiso político adquirido por la presidenta Marga Prohens- que el Govern aprobará en mayo legalizará las edificaciones y las obras en suelo rústico cuyas infracciones ya han prescrito.

Este decreto, en el que, desde el inicio de la legislatura, trabajan varias conselleries del Govern Prohens, también incluye la supresión de la Comissió Balear de Medi Ambient para agilizar los trámites y los informes urbanísticos.

Ya se empiezan a conocer los detalles de esta regulación de las construcciones en suelo rústico -en Menorca, los núcleos de hortals- cuyo origen hallamos en una de las leyes aprobadas por el entonces conseller de Agricultura y Territorio, Gabriel Company, durante el mandato 2011-2015.

El proyecto del decreto, que aún puede registrar modificaciones, prevé que el propietario o promotor tendrá que encargar y pagar un proyecto técnico para legalizar lo construido, con las tasas correspondientes en concepto de licencia de obras. Pero también deberán abonar una multa equivalente al 15 por cien del valor de lo edificado. En la misma línea de la ‘ley Company', el coste de la sanción se irá incrementando a medida que transcurra el tiempo desde que se cometió la infracción.

Cuantía de las multas

Con esta medida se pretende estimular que quienes cometieron la ilegalidad, hoy no perseguible al haber prescrito, no demoren su regulación.

Así, el segundo año de vigencia del decreto, la multa ascenderá a un 20 por cien del valor de la edificación, mientras que el tercer año será del 25 por cien. Fue la cuantía de las multas lo que complicó e impidió la plena aplicación de la iniciativa impulsada por Gabriel Company.

Pero, como publica el semanario AraBalears, «un experto en materia urbanística, que pide el anonimato, señala que el precio de la sanción hizo fracasar la anterior operación del PP para regularizar las ilegalidades en rústico. Porque al final hay que pagar por una construcción que igualmente ya no le derribarán».

La perspectiva del 2024, hoy, no es la misma que la de 2013, cuando el conseller Company impulsó la misma medida que ahora aprobará el Govern presidido por Marga Prohens.

La gran demanda de vivienda, que se ha convertido en el primer problema social de Balears, y el creciente valor que han ido adquiriendo las construcciones, con precios cada vez más altos, así como que muchas familias tengan estas construcciones en rústico como la vivienda habitual, abre la puerta al pago de las sanciones. Se trata de ordenar, legalizar y regularizar aquella edificación convertida en rústico para acabar con el limbo administrativo y urbanístico en la que se hallan actualmente.

Los partidos de izquierda cuestionan y se oponen frontalmente a este regularización, que califican de ‘amnistía encubierta'. Pero el Govern del PP ya ha definido los casos susceptibles de acogerse al decreto de simplificación administrativa. El primer criterio consiste en la prescripción, o sea, que se hayan agotado todas las posibilidades para restablecer la legalidad.

También podrán ser reguladas las construcciones con infracciones más graves al no cumplir el requisito de parcela mínima y estar situadas, hoy, fuera de ordenación.

Asimismo se contempla la legalización de las construcciones en suelo rústico protegido anteriores a la Ley de Espacios Naturales, o sea, antes de 1991. Aún se ha adoptado la decisión para las edificaciones posteriores a este año.

Queda por definir el criterio para las naves y otros edificios destinados a la actividad agrícola-ganadera. Y si se introducirá, o no, el uso residencial.

El texto definitivo suscitará un amplio debate. 50.000 propietarios y promotores de estas construcciones en suelo rústico -en Menorca hay que concretar la aplicación a los hortals- aguardan con enorme expectación la letra pequeña del decreto. Su aplicación dará trabajo a arquitectos, ingenieros y otros técnicos, y provocará una avalancha de proyectos en los ayuntamientos, que deberán ponerse las pilas para tramitarlos con rapidez.

Los dos vestidos

En sus primeras declaraciones tras ser elegido presidente del Consell Científic del Institut Menorquí d'Estudis, el jurista, investigador y novelista Josep Maria Quintana se muestra conciliador y prudente.
Con la finezza inspirada en la astucia de Andreotti, quien, sin haber desempeñado cargo electo en las instituciones, pero con una enorme influencia en la vida política menorquina y balear, admite los comentarios que pronunció en los que cuestionó la designación de Joan Pons Torres como presidente del Consell Rector del IME.

«Pero cuando Pons Torres ha sido conseller se ha puesto el vestido de conseller y yo me he puesto el vestido de presidente del Consell Científic», proclama Quintana Petrus.

Desde estos planteamientos augura «una relación espléndida y un trabajo de colaboración que pueda ser ejemplar». Hábil Josep Maria, que transforma las dificultades en oportunidades y acuerdos.