El Consell deduce que la nueva sentencia del caso Princesa Son Bou le exime de pagar a la promotora los más de cinco millones de euros de indemnización que establecía un fallo anterior. Existe un riesgo evidente de precipitación en esta conclusión del equipo de gobierno del Consell. Princesa Son Bou podía construir 106 apartamentos en primera línea de mar. El PTI de 2003, con un buen criterio proteccionista, eliminó esta expectativa y la trasladó a una zona interior, la ART-5, donde también se trasladó Cesgarden, Meliá y Edivissa. Sin embargo una sentencia obligó al Ayuntamiento a dar licencia de obras y al constatar que con el cambio de planeamiento su cumplimiento era imposible se generó un derecho a ser indemnizado. Además se cambió el uso de residencial a hotelero. Y, el colmo, el número máximo de plazas turísticas que el Plan General asigna a Son Bou es de 1.583, cuando ahora ya existen 1.704, a las que hay que añadir las 900 de la ART-5.
La incapacidad histórica para corregir el cúmulo de errores en la operación «esponjamiento» de Son Bou genera graves problemas, como el de Cesgarden. Habrá que buscar soluciones antes de celebrar dudosas victorias judiciales.