El Govern balear ha decidido ir por libre en la negociación de la nueva financiación autonómica tras rechazar el informe redactado por la 'comisión de sabios' y concluir que Balears será una de las comunidades más perjudicadas si se aplican criterios de armonización fiscal.
En este contexto debe inscribirse la reclamación del actual Ejecutivo, formado por PSOE y Més per Mallorca, para controlar el 75 por ciento de la recaudación de IPRF en lugar del actual 50 por ciento y tener libertad para cambiar la asignación que reciben la Iglesia y las organizaciones sociales. O sea, los recursos que el Estado entrega en función de la casilla que marcan los contribuyentes en la declaración de la Renta.
¿Qué pretende el Govern? ¿Favorecer a las entidades sociales en detrimento de la Iglesia? Esta aspiración no deja de ser una petición política, de cara a la galería, ya que difícilmente llegará obtener el respaldo necesario para prosperar. Balears necesita mejorar su financiación pero esta medida no da la respuesta necesaria, que se conseguirá a través del Régimen Especial, el instrumento adecuado para reconocer y compensar los costes y la singularidad de las Islas.